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Judicial

Cesar Gaviria pidió que se investigue al ministro de Salud por omisión en su gestión

Entre los problemas identificados figuran desfinanciamiento crónico, fragmentación institucional, colapso progresivo de las EPS y retrasos en los pagos

14 de julio de 2025

Cristian Moreno Garzón

cmoreno@larepublica.com.co

Colprensa
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El expresidente de Colombia, César Gaviria, emitió un comunicado analizando la situación del sistema de salud. Señaló que la crisis, considerada por 79% de los ciudadanos como "paupérrima" según encuesta Invamer, supera incluso a la seguridad como principal preocupación nacional.

Entre los problemas identificados figuran desfinanciamiento crónico, fragmentación institucional, colapso progresivo de las EPS y retrasos sistemáticos en pagos a hospitales y profesionales.

Gaviria sostiene que la Corte Constitucional ha establecido en fallos como la Sentencia T-760 de 2008 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que el derecho a la salud es "fundamental, autónomo e irrenunciable". Critica que el Gobierno actual desoyó alertas previas, optando por "imposición ideológica" en lugar de diálogo técnico, lo que habría agravado la crisis.

El expresidente, en representación del Partido Liberal junto a los partidos Conservador y de la U, solicita a la Fiscalía General investigar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por posible "omisión dolosa" en el desfinanciamiento sistemático y deterioro del derecho a la salud. También pide acciones a la Contraloría y Procuraduría General para determinar responsabilidades en órganos de control, señalando preocupación por informes "técnicamente imprecisos" del Vicecontralor.

Gaviria menciona que en 2023 estos partidos propusieron reformas dentro del marco constitucional vigente, avalado por la Corte en la Sentencia C-378, que permite a las EPS operar con ánimo de lucro. Cuestiona la intención gubernamental de eliminar dichas entidades para crear una estructura estatal, estrategia que califica como deliberada para forzar una crisis.

Como solución urgente, propone declarar un "Estado de Cosas Inconstitucional" para intervenir estructuralmente el sistema y preservar su funcionamiento. Concluye exigiendo a las autoridades de control actuar con "rigor e independencia" para evitar impunidad y un eventual conflicto jurídico masivo.

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