Cinco de cada diez reclusos están hacinados en las cárceles del país

Esta situación no es gratuita si se tiene en cuenta que entre  1993 y 2014 la capacidad en infraestructura creció 163% mientras que las personas enviadas a la cárcel lo hacían en 315%. Esto en un país en el que la población que se registra en el sistema penitenciario y carcelario es de 178.375 y 136 establecimientos de reclusión.

Es la Regional Noroeste  la que más sufre de este problema, con un índice de 93,3%,  según las cifras del  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el marco del debate de control político por la crisis carclearia.  

 Entre los Establecimientos Penitenciarios de Mediana Seguridad y Carcelario (Epmsc),  Riohacha es el que tiene un porcentaje más alto de hacinamiento lle479% a marzo de 2016,seguido por  Valledupar (431,6%) y Santa Marta (389,4%). Esto sin contar que cerca de 20% de las prisiones tiene niveles de sobreocupación superiores al 150%, según evidenció José Manuel Díaz, defensor delegado para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo.

 El exceso de reclusos en las prisiones ha sido un detonante para la crisis en la atención médica, pero también ha influido la liquidación de Caprecom, la EPS que estaba designada para prestar estos servicios.  Sobre esto, la directora de la  Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Claudia Gelvez, aseguró que “la liquidación de Caprecom generó un desprestigio financiero y ahí empezaron los grandes problemas, pues ni los médicos, enfermeras ni las IPS querían contratar con esta empresa”. 

Aun así, de acuerdo con Jorge Eduardo Londoño, ministro de Justicia, “antes de la declaratoria de emergencia carcelaria solo había 6 contratos con las Ips, lo que agravó la situación y tras un mes, hay 39 contratos más suscritos. Hasta ahora, ha habido 6.850 internos valorados por medicina general y 1.236 por odontología”, dijo, pero “las necesidades de contratación para tener una red suficiente van mucho más allá”, aseguró Alejandro Gaviria, ministro de Salud, quien además advirtió que “los recursos están y tenemos la obligación constitucional de hacer las contrataciones”. 

La gota que rebasó la copa vino con el Decreto 2245 de noviembre de 2015, que estableció un nuevo modelo de atención en salud para la población carcelaria, y que no fue reglamentado e implementado correctamente.

 Según cifras de la Defensoría del Pueblo, hay un médico por cada 797 internos y un odontólogo por cada 1.007,y a pesar de los recientes esfuerzos del Ministerio de Justicia “continúan 23 establecimientos sin médicos y 7.300 reclusos sin servicios de salud”.

Las opiniones

Alejandro Gaviria
Ministro de Salud
“Las necesidades de contratación para tener una red suficiente van mucho más allá de las 45 con las que ya contamos. Los recursos están y tenemos la obligación constitucional de hacer estas contrataciones”.

Claudia Gelvez
Directora de la Uspec
“La liquidación de Caprecom generó un desprestigio financiero y ahí empezaron los grandes problemas, pues ni los médicos, enfermeras ni las IPS querían contratar con esta empresa”.