Civiles siguen siendo los más afectados en la guerra

La organización internacional Human Rights Watch emitió su informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en los diferentes países del mundo, enfocándose en aquellos donde esta situación es más grave. Colombia hizo parte de esta lista.
La organización registró que sólo en 2014, por lo menos 12 países del mundo hacen uso de armas explosivas en áreas pobladas, en violación de leyes humanitarias internacionales. Entre estos están Siria, Irak, Israel, Ucrania, Libia, Paquistán, Afganistán, Sudán, Nigeria, Somalia, Tailandia y Colombia.
La organización internacional defensora de los Derechos Humanos, asegura en su informe que “ataques como estos, son típicamente indiscriminados porque estos no distinguen entre blancos militares de los civiles, o son desproporcionados porque las pérdidas civiles exceden la ganancia estratégica militar del mismo”.
En el capitulo dedicado a Colombia, Human Rights Watch menciona varias violaciones a Derechos Humanos cometidas en el país entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014. Allí se incluyen abusos perpetrados por la guerrilla, bandas criminales sucesoras de paramilitares e incluso agentes del Estado.
También registra agresiones contra defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, periodistas indígenas y líderes afrocolombianos, así como otros activistas comunitarios enfrentan amenazas de muerte y violencia.
El informe critica que “la administración del presidente Juan Manuel Santos consistentemente condena estos ataques, pero la falta de investigaciones efectivas significa que los perpetradores rara vez son arrestados”.
El informe también hace críticas al Gobierno, porque el Gobienro Santos continúa presentando reformas legales que generan el riesgo de que estos casos pasen de ser investigados por la justicia ordinaria a la justicia militar, que “carece de independencia y tiene un record muy pobre de investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos”.
En el informe, también se ve con malos ojos el hecho de que en nviembre de 2013 la Procuraduría haya removido al Alcalde de Bogotá de su puesto, a pesar de que había una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo para que no lo hiciera. El presidente Santos procedió a implementar una orden judicial para restituir al Alcalde unas semanas después.
Abusos de la guerrilla
Dice HRW que las Farc rutinariamente siguen atacando civiles, y lo siguieron haciendo entre 2013 y 2014. Hay evidencia convincente de que en el municipio de Tumaco, integrantes de las Farc secuestraron, torturaron y asesinaron a Mónica Julieth Pernia un ciudadana de 25 años de edad. El 15 de septiembre de 2014, el ELN asesinó a tiros a dos trabajdores que estaban inspeccionando un oleducto en el municipio de Teorama (Norte de Santander).
Tanto las Farc como el ELN siguen usando minas antipersona. El Gobierno reportó que estas minas y material militar sin usar mataron a seis civiles y lastimó a 65 en agosto del año pasado.
Reformas con impunidad
Agrega HRW que en 2013 y 2014 el Ministro de Defensa tramitó tres diferentes propuestas ante el Congreso de la República que abrirían la puerta para que los casos de ‘falsos positivos’ fueran transferidos de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.
Bajo estas propuestas, la justicia militar también pasaría a manejar otros abusos pasados y futuros de las Fuerzas Militares en contra de los Derechos Humanos, así como los casos en que miembros de éstas han conspirado con paramilitares o narcotraficantes. Otra de estas propuestas autorizaba a las Fuerzas Militares a usar fuerza letal en contra de civiles, en un peligroso rango de situaciones.
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