• Carlos Jaramillo Palacio

miércoles, 8 de mayo de 2024

Desde Cartagena, dijo que: "pesar de ser elegido, tiene que dejar de ser Presidente, porque cuatro o cinco vagabundos corruptos así lo quieren"

El Consejo Nacional Electoral rechazó este miércoles las declaraciones del Presidente de la República Gustavo Petro, a propósito de la investigación administrativa que adelanta ese cuerpo colegiado y que pide investigar y formular cargos contra él y el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa por violación de los topes de campaña. La ponencia es de los magistrados Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).

"Las actuaciones a cargo de esta autoridad electoral se desarrollan en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución Política y las Leyes 130 de 1994, 996 de 2005, 1475 de 2011, así como la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado", dice el comunicado del CNE.

"Las graves declaraciones contra los miembros de esta Corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones. Se afecta la democracia cuando quien está llamado a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas", añadió la comunicación.

Desde Cartagena, el presidente en alusión a la decisión del CNE, dijo que: "dice la Constitución que el Presidente de la República no puede ser juzgado sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Dice la Convención Americana de Derechos Humanos, parte de la Constitución Política de Colombia, que nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal. Es decir, porque es un criminal".

"Y aquí lo que hoy anunciaron, como tocando una campana inicial, es que 11 millones y medio de colombianos van a perder sus derechos políticos, no porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción".

"Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el Presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser Presidente, porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren y no ningún juez penal, porque el Presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno. Su delito ante los ojos de la oligarquía es no arrodillarse ante ellos, no enterrar y rendir la bandera popular".