Seguridad electoral en máxima alerta tras orden de Pedro Sánchez para blindar a candidatos

En medio de crecientes alertas por amenazas contra aspirantes a la Presidencia, el Ministerio de Defensa ordenó una respuesta integral de la Fuerza Pública para blindar el proceso electoral. Desde Baranoa, Atlántico, el titular de la cartera, Pedro Sánchez, anunció la activación de todos los recursos operativos e inteligencia disponibles, en un intento por anticipar y neutralizar posibles riesgos contra los candidatos.

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La decisión se adoptó tras la convocatoria de una Junta de Inteligencia Conjunta Extraordinaria, en la que participaron la cúpula militar y autoridades vinculadas a la organización electoral. El objetivo central: verificar la veracidad de las amenazas difundidas recientemente, muchas de ellas en redes sociales, y convertir ese análisis en insumo clave para la toma de decisiones dentro del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral.

Durante su pronunciamiento, el ministro fue enfático en que este tipo de intimidaciones trascienden las fronteras nacionales y representan un riesgo estructural para los sistemas democráticos. Recordó que hechos similares han afectado procesos políticos en países como Estados Unidos, México y Ecuador, lo que, según dijo, obliga a mantener una estrategia de seguridad “permanente y articulada”.

En esa línea, Sánchez reiteró que la protección de los candidatos es una prioridad del Estado y destacó la implementación anticipada del Plan Democracia, diseñado para garantizar elecciones seguras. Este esquema, articulado con distintas entidades, ha permitido reforzar la seguridad en eventos proselitistas, con el despliegue de más de seis mil uniformados entre militares y policías, así como el fortalecimiento de esquemas individuales con vehículos y personal adicional.

El jefe de la cartera de Defensa también confirmó que sostuvo comunicaciones directas con varios de los candidatos presidenciales para transmitirles respaldo institucional y detallar las medidas adoptadas. Según explicó, tras la junta de inteligencia se definió focalizar los esfuerzos en la recolección y análisis de información que permita actuar de manera preventiva frente a cualquier amenaza.

Uno de los anuncios más relevantes fue la oferta de una recompensa de hasta $1.000 millones a quienes suministren información “precisa, veraz y oportuna” que conduzca a evitar atentados. La estrategia busca involucrar a la ciudadanía como fuente clave en la detección temprana de riesgos.