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Colprensa martes, 17 de septiembre de 2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que la nueva demanda instaurada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia no sorprende al Gobierno Nacional, ya que así lo había anunciado el presidente Juan Manuel Santos en su alocución del 9 de septiembre.

“Nosotros teníamos conocimiento de que esto se venía, pero Colombia considera que en esta materia la Corte (CIJ) ya decidió en el fallo de año pasado (…) Y nosotros por ningún motivo vamos a permitir que Nicaragua siga en estas pretenciones, como lo dijo el Presidente Santos, expansionistas sobre la plataforma continental de Colombia”, puntualizó la Canciller María Ángela Holguín. 
 
La respuesta se da luego de que Nicaragua le pidiera a la Corte Internacional de Justicia que estableciera los límites marítimos de ese país con Colombia, ya que el primer fallo, del 19 de noviembre del 2012, no los definió en cuanto a la plataforma continental extendida. 
 
“La pretensión de Nicaragua es contraria al derecho internacional. La plataforma continental de las Islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia el Archipiélago en al menos 200 millas”, aseguró la Cancillería. 
 
La Cancillería agrega que Colombia tiene una plataforma continental continua e integrada, “sobre la cual ejerce los derechos soberanos que otorga el derecho internacional, tal y como aparece en el decreto 1946 del 9 de septiembre de 2013 anunciado por el Presidente en su alocución de ese mismo día”. 
 
Según el Gobierno, la desmedida ambición de Nicaragua afecta no solo áreas que le corresponden a Colombia, sino también de otros países como Panamá, Costa Rica y Jamaica. 
 
La Cancillería advierte que Colombia está preparada para hacer frente a estas “infundadas” pretensiones de Nicaragua, y las confrontará con toda la determinación y el rigor que exige la defensa de los legítimos derechos del país. 
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