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Carlos Parra Dussan miércoles, 27 de junio de 2012

El país necesita diseñar una política de paz, con base en la recuperación de la vigencia del Estado Democrático y Social de Derecho, que garantice las demandas de respeto a los derechos humanos y atención a los derechos de las víctimas, considerando la resolución política del conflicto armado.

En este sentido, la positiva retoma del tema de la paz en la agenda pública conllevó, entre otros hechos de movilización ciudadana y actuación política, a un ejercicio de consulta y debate convocado por la Comisión de Paz del Senado denominado 'Legislar para la Paz' que produjo discusiones, consensos y disensos con participación de diversos sectores.

Afortunadamente el ejercicio concluyó con el logro colectivo de la aprobación de un Acto Legislativo, que aunque contiene elementos valiosos como la incorporación del precepto de justicia transicional, los derechos de las víctimas, disposición a beneficios penales para facilitar un proceso de paz e iniciativas legales para la paz, conlleva dificultades en su enfoque y justificación como reducir la política de paz al instrumento jurídico, un enfoque de sometimiento a la justicia y reinserción contrario a buscar la solución política con las guerrillas y la ambientación de propuestas que pueden conducir a graves situaciones de impunidad como injustificados beneficios penales.

Una vez aprobado por el Congreso el llamado Marco Jurídico para la Paz, más allá de la controversia que genera este tipo de normas porque implica poner en tensión valores como los de justicia, paz, reparación de víctimas, reconciliación, sobre los cuales hay muchas y fuertes polémicas en toda sociedad, se debe diseñar e implementar una política para la paz.

Ahora el Gobierno debe formular esa política pública de paz, dando la posibilidad de que dicho Marco Jurídico pueda ser usado, para viabilizar un proceso de paz. Pues las continuas menciones a que 'tiene la llave para la paz en su bolsillo y que no hay que tenerle miedo a la paz', junto con la carencia de una política pública de paz, genera mucha incertidumbre en sectores de la opinión, especialmente los menos amigables con la idea de la paz negociada.

Por supuesto que resulta muy constructivo repensar y actualizar una propuesta política hacia la paz en el contexto actual, máxime cuando el Gobierno Nacional ha planteado disposición para considerar iniciativas en tal sentido y reconoce expresamente la existencia del conflicto armado y la posibilidad de su tratamiento político.

En suma, se requiere un concepto integral para la consolidación de la paz y de los procesos de desmovilización, desarme y reintegración, a la vez que la búsqueda de un nuevo consenso social y político para la paz en las actuales condiciones.

Es legítimo y deseable encontrar que el Estado colombiano construya las condiciones jurídicas para que sea posible negociar la terminación del conflicto armado interno, recurriendo a la justicia transicional, sin perjuicio de los derechos de las víctimas y del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.

Este es un mecanismo que ya se utilizó con la Ley 975 de 2005 Ley de Justicia y Paz, al igual que con la Ley 1424 de 2010, que establecen penas alternativas a las contempladas en el código penal, como política de justicia.

Debemos entender, que los procesos de paz no sólo tratan dinámicas y acuerdos políticos sino que incluyen también soluciones en materia de justicia, que constituyen en principio un aspecto político.

En conclusión, es trascendental el desarrollo de políticas de paz con compromiso estatal y gubernamental, que asuman una agenda amplia de compromisos con la construcción de la paz de manera concertada, que consideren posibilidades y términos hacia un proceso de paz y retoma del funcionamiento del Consejo Nacional de Paz.

 

 

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