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Esperanza Santamaria - esantamaria@larepubica.com.co miércoles, 11 de abril de 2012

A pesar de la controversia que ha suscitado la potestad de investigar a los magistrados de las Altas cortes por el conocido ‘carrusel de las pensiones’, luego de que la Contraloría anunciara que se acogía al fallo del Consejo Superior de la Judicatura que le impedía continuar con los procesos en contra de los aforados, los investigadores para indagar sobre este tema ya fueron asignados.

El anuncio fue hecho ayer por el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Germán Blanco Álvares, quien aseguró que las investigaciones serán adelantadas por él mismo en compañía de los legisladores Orlando Velandia y Héctor Vergara.

Con la decisión se abrió formalmente el proceso fiscal para indagar sobre el sonado escándalo del 'carrusel de las pensiones', en las que deberá definirse si los los magistrados que ya testificaron ante dicha comisión, como lo son Julia Emma Garzón, Ovidio Claros, Henry Villarraga y Pedro Sanabria, deberán volver a rendir su versión sobre el tema.

El anuncio se dio en medio de nuevas voces de respaldo a la función de la contralora, Sandra Morellí. La primera de estas tiene que ver con el pronunciamiento del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien, en medio de una entrevista radial, sostuvo que el control fiscal es un asunto de carácter técnico y especializado, de carácter administrativo y no jurisdiccional como lo sostiene el fallo de los conjueces del Consejo Superior de la Judicatura.

'Yo jamás he oído, ni en la República de Colombia, ni en lugar otro del mundo, que el control fiscal es una competencia de carácter jurisdiccional' dijo Esguerra.

Sobre esta misma premisa también se pronunció el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, quien al hacer referencia sobre el sistema de investigación sostuvo que preocupa el hecho de que actividades que son de carácter administrativo se conviertan en judiciales.

Sobre el tema, el conjuez Isnardo Gómez aseguró que el fallo nunca señaló a la contralora que frenara todas las actuaciones de responsabilidad fiscal que adelantaba contra otros altos funcionarios.

'El fallo no le ordenó que se frenara, sólo que remitiera los expedientes de los magistrados a la Comisión de Acusación. Allí no dice que mandara o parar los expedientes de los ministros, de los gobernadores', sostuvo Gómez.

Entre tanto, al mar de controversias se sumó una acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura para que se tumbe la decisión de los conjueces y se devuelva la competencia a la Contraloría para investigar fiscalmente a los magistrados de los altos tribunales.esperanza santamaría botero

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