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sábado, 2 de junio de 2012

El pasado 13 de abril de año en curso, fue promulgado el decreto 734 por medio del cuál se reglamentó el Estatuto General de la Contratación con el estado. La norma parece pensada para evitar que nuevos hechos como los ocurridos con la obra de la calle 26 se repitan en nuestro país.

Uno de los grandes cambios implementados por la mencionada norma, tiene que ver con la capacidad financiera de aquellos que quieren contratar con el estado. En efecto, la norma citada prevé que aquellos que pretenden contratar con el estado, deben contar con un capital de trabajo (activos corrientes menos pasivos corrientes) adecuado para responder por el contrato en caso de incumplimiento.

Lo anterior se acentúa aún más para el caso de los contratos de obra, donde según el numeral 1 del artículo 6.1.1.2 de dicho decreto la capacidad residual para la contratación de cualquier obra (?) 'Es el indicador que resulta de restarle al indicador financiero de capital de trabajo, la sumatoria de todos los valores de los contratos que tenga en ejecución el contratista en la actividad de construcción al momento de participar en un determinado proceso de selección con el fin de señalar su nivel de saturación y que se acreditará ante la entidad de acuerdo a los parámetros señalados en el presente decreto y en los respectivos pliegos de condiciones.

El referido nivel de saturación debe ser igual o superior al que la entidad estatal establezca en los respectivos pliegos de condiciones.' (?)

Como se deduce de la norma anteriormente citada, para los contratantes se vuelve importante mantener unos activos corrientes altos, pues eso les permite generar una mayor capacidad de contratación con el estado a la vez que incita a que las obras sean terminadas con celeridad, pues la capacidad residual se ve afectada solamente por los contratos que se encuentren en ejecución.

Desafortunadamente para algunos contratistas la norma salió en el mes de abril, es decir después de los tres (3) meses que prevé la legislación para la realización de las asambleas de accionistas y juntas de socios generales donde normalmente se aprueban los estados financieros y se decretan las utilidades del ejercicio anterior. Sin embargo, es importante para las compañías interesadas en contratar con el estado analizar varios aspectos de ahora en adelante con el fin de no afectar o mejorar su capacidad de contratación y con el fin de hacer más eficiente su planeación fiscal cada año.

Una de las prácticas que se van a acentuar con la aparición de esta nueva norma, es la capitalización de las utilidades del ejercicio. En efecto, desde el punto de vista tributario resulta eficiente, solamente repartir aquellas utilidades que han pagado impuestos en cabeza de la compañía, pues así los socios o accionistas, por principio de no doble tributación, no deberían pagar impuesto de renta sobre dichos montos mientras que si reciben las que no han tributado en cabeza de la compañía deberán pagar impuesto de renta sobre las mismas. Así las cosas resulta más eficiente capitalizar las utilidades que no han pagado impuesto de renta en cabeza de la compañía, pues en dicho caso no se generaría impuesto de renta sobre las mismas y la empresa mejoraría su indicador de capital de trabajo, aumentando su capacidad de contratación con el estado.

Esperemos que como resultado de la expedición del decreto 734, podamos tener obras terminadas a tiempo y con altos estándares de calidad pues los contribuyentes lo piden a gritos.

Andrés Uribe Correa

socio de tpc consulting

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