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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co lunes, 11 de marzo de 2013

La Procuraduría General confirmó en segunda instancia la sanción con inhabilidad de 18 años para contratar con el Estado a Carlos Gustavo Palacino, expresidente de Saludcoop, al encontrar que manejó recursos de la salud de manera irregular. En la sentencia también se ratificó el pago de 100 salarios mínimos.

Señala el Ministerio Público que se desconocieron las directrices e instrucciones impartidas por el entonces Ministerio de Protección Social, respecto a los requisitos y procedimientos que deben cumplirse a efectos de adelantar los trámites de recobro por prestaciones no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), lo que le permitió a la EPS acceder a recursos del sistema de salud sin haber cumplido las condiciones para ello, en tanto no había cancelado previamente las facturas provenientes de esos servicios médicos, como lo establecía el Ministerio, para de esa forma, obtener recursos provenientes del sistema. Se indica que en la comisión de tal falta, se recobraban facturas que no habían sido canceladas y que en algunos casos demoró un término considerable para cancelar, utilizando esos recursos para cubrir sus problemas de liquidez, incurriendo en una destinación indebida de esos recursos públicos y en una probable comisión de conductas tipificadas en la Ley penal y en la disciplinaria.

Los miembros del Consejo de Administración de Saludcoop para 2010, Alberto Castro, José Corrales, Jaime Chávez, Claudia López, René Cavanzo, Gabriel Franco y Ana Piñeros, fueron encontrados responsables al haber aprobado los estados financieros sin verificar ni comprobar el origen y procedencia de notas de crédito por valor de $61.000 millones como excedente de Epsifarma a favor de la EPS, con lo cual incurrieron en falta disciplinaria calificada como grave por falta de cuidado y diligencia en el cumplimiento de sus funciones. Fueron sancionados con multa de 50 salarios vigentes al momento de la comisión de los hechos e inhabilidad por 10 años.

DNE
El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Carlos Salvador Albornoz Guerrero, en su condición de director de la Dirección Nacional de Estupefacientes para las vigencias fiscales 2006-2009, por las posibles irregularidades relacionadas con la administración de algunos de los bienes de la DNE que le fueron incautados a la mafia. De una parte, la entidad manifestó que Albornoz habría omitido su deber de vigilar la gestión de Luis Vargas, designado por él como depositario provisional del bien denominado “La Argentina”, un predio cafetero ubicado en una vereda en Manizales (Caldas) y adicionalmente no habría adoptado los procedimientos administrativos pertinentes para que su mandato fuera revocado. Según el procurador Alejandro Ordóñez,a pesar de conocer la situación real de este predio, el entonces director de la DNE no habría adoptado las medidas necesarias para minimizar las pérdidas o improductividad que este terreno generó mientras estuvo a cargo del señor Luis Vargas Vargas entre el 10 de julio de 2008 hasta el 31 de mayo de 2009. El investigado habría incurrido en omisión porque no adoptó las medidas necesarias para minimizar las pérdidas.

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