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Cristian Acosta Argote - cacosta@larepublica.com.co jueves, 25 de febrero de 2021

El 16 de diciembre fue radicada esta ponencia ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes

Uno de los debates que hará el Congreso de la República cuando comience a sesionar será el proyecto de ley que pretende regular el servicio de transporte en vehículos particulares que se ofrece mediante plataformas o aplicaciones móviles.

El 16 de diciembre del año pasado fue radicada esta ponencia ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, con la cual se buscará poner reglas claras en este servicio de movilidad.

Los representantes a la Cámara Emeterio José Montes, coordinador ponente, Alquileo Medina y Milton Hugo Angulo, fueron los encargados de radicar esta ponencia, la cual consta de unos puntos básicos para “dar soluciones tecnológicas de movilidad, además de promover el bienestar de los usuarios y prestadores de servicio”.

Germán Flórez, presidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech, aseguró que Colombia se encuentra en un limbo en cuanto a la regulación de estas plataformas, ya que la movilidad por medio de aplicaciones, si bien no está prohibida, tampoco cuenta con una regulación que permita dar garantías a los usuarios del país.

“No ha habido una armonía entre tecnología y transporte. Existe la necesidad de controlar ese tipo de plataformas. Uber, por ejemplo, creó un nuevo contrato que va en contra del derecho al consumidor, porque no es una figura jurídica, pues es el arrendamiento de los vehículos por parte de los usuarios. Es una táctica dilatoria que crean las plataformas y que se da por la falta de regulación en Colombia”, afirmó el abogado.

Por estas consideraciones legales con el usuario, el proyecto de Ley presenta varios puntos de interés para ser tenidos en cuenta en la nueva regulación. En primer lugar, lo que se busca con esta norma es crear la categoría del servicio de movilidad, para luego regularla, y así establecer requisitos y condiciones para la operación a través de una plataforma móvil y evitar tomar los vehículos en la vía pública.

Al crear esta modalidad, los vehículos que participen en este servicio deberán estar registrados en el Runt y no tener más de 10 años de antigüedad.
También se les exigirá pólizas o seguros que deberán adquirir los operadores y empresas habilitadas para prestar el servicio, y, además, los conductores no podrán trabajar si no cuentan con la licencia B1, que deberá (si el proyecto es avalado) ser renovada cada tres años.

Los taxis también serían beneficiados con la entrada en vigor de este proyecto, pues se planteó una libertad tarifaria acorde a las demandas del mercado, sin que esto genere afectación a las tarifas básicas para el servicio de taxis.

José Torres, socio en Lexia Abogados, aseguró que el país aún necesita actualizar su regulación en este sector. “Todavía estamos a la espera de que haya una regulación que dé certeza jurídica a las plataformas de movilidad como Uber y Didi, pues constantemente se les cambian las reglas de juego y afectan directamente a la ciudadanía.

Según un estudio de Invamer, la percepción de los ciudadanos hacia las plataformas de movilidad ha resultado positiva.

Un estimado de 66,6% de los ciudadanos en Colombia cree que es seguro solicitar transporte por medio de apps; este porcentaje es correlativo al 66,7% de las personas que le teme a la inseguridad, robos, atracos y delincuencia al momento de movilizarse por las ciudades principales.

Respecto a esto, Flórez afirmó que “el transporte masivo en Colombia ha sido deficiente. De hecho, el nacimiento de estas alternativas de transporte por las plataformas surgió como una necesidad de los usuarios que buscaban una mejor calidad en términos de seguridad y servicio en las grandes ciudades.
El experto agregó que un nuevo sistema de economía colaborativa abriría espacio a todos los sistemas y dejaría unas reglas claras para las compañías como Didi y Cabify, que echarían mano de la regulación para ofrecer unos estándares mínimos de seguridad para el usuario.

Torres, sin embargo, aclaró que el proyecto de Ley debe ser viable para el modelo económico y puso en tela de juicio varios puntos expuestos en el documento. “No veo el por qué los conductores no podrán prestar servicios por más de ocho horas ininterrumpidas. Este punto le quita ingresos a las personas que trabajan con plataformas digitales”.

Respecto a los requisitos mínimos y otras especificaciones sobre la regulación, el abogado dijo que hay que ser cautelosos con este tipo de normas para no poner trabas al servicio y perjudicar tanto a trabajadores como a los consumidores.

“Medidas como el registro en el Runt, la fecha límite de antigüedad y la verificación de antecedentes harán más costoso el servicio y evitarán que más personas entren al mercado”, agregó Torres.

LOS CONTRASTES

  • José TorresSocio Lexia Abogados

    “Esta regulación requiere que haya unas reglas claras tanto para los usuarios como para los conductores y la operación del servicio en las ciudades”.

  • Germán FlórezPresidente de la Asociación Legal Tech

    “Es importante ser cautelosos y revisar con detenimiento el proyecto con el fin de que las supuestas mejoras no sean en realidad trabas al servicio”.

Otro de los puntos a tener en cuenta durante la regulación es la Creación del Fondo para la Movilidad y la Infraestructura, el cual busca recaudar 1% de la totalidad del recaudo de los viajes logrados con las plataformas, cuyo monto será destinado a “la formalización del transporte, modernización del parque automotor, entre otras mejoras que faciliten la movilidad”, aclara el documento del proyecto de Ley.

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