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miércoles, 17 de febrero de 2021

Una primera sentencia se dio en 2009. El hospital respondió al año de que vencieran los términos. Consejo mantuvo en pie sanción

El Consejo de Estado ratificó una sanción que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá le impuso al Hospital Universitario San Ignacio por haber desconocido varias normas que le obligan a garantizar y ofrecer la atención oportuna a mujeres gestantes que requieran una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La sentencia quedó firme en 2009, el hospital respondió tras un año, pero los términos habían vencido.

El proceso contra el centro de salud inició cuando una joven que presentó complicaciones en su embarazo afirmara que el hospital había desconocido esas directrices jurídicas.

La mujer en cuestión y su pareja decidieron acudir a una interrupción inducida del embrazo, pues el bebé en gestación presentaba una hidrocefalia y cardiopatía diagnosticadas. El personal médico optó por ordenar la práctica de varios exámenes y continuar haciendo seguimiento al caso, no autorizaron la interrupción del embarazo. Eso produjo una sanción contra el hospital, que quedó firme en 2009.

El centro hospitalario quiso dejar sin efectos la determinación por medio de una demanda de acción de nulidad. Indicaron que su labor era cerciorarse de que no existían esperanzas de vida para la criatura y alegó que se le violó el derecho a la objeción de conciencia.

Como esa demanda se presentó un año después de que se venciera el plazo legal para que el hospital presentara la acción jurídica contra la sanción, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró su caducidad.

Mediante recurso de apelación, el hospital tenía la esperanza de que fuera el Consejo de Estado quien juzgara la validez del proceso y declarara infundada la sanción interpuesta por la Secretaría de Salud en 2009. Sin embargo, el Consejo ratificó el fallo emitido por el Tribunal de Cundinamarca.

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