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Colprensa martes, 28 de junio de 2016

El caso está en manos del magistrado William Hernández, quien en su proyecto de fallo estipula que Córdoba fue sancionada con pruebas ilegales y, por tanto, se debe revocar la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años. 

El procurador Alejandro Ordóñez destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las Farc, grupo ilegal al que, según el fallo, asesoró políticamente. 

Las pruebas del procurador Ordóñez se basaban, entre otros, en los computadores de Luis Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes', el canciller de las Farc, muerto en combates en Ecuador, en marzo de 2008, durante la Operación Fénix. 

La sanción en contra de Córdoba había sido ratificada por la Corte Constitucional, al estudiar una tutela, en dos ocasiones. De ser aprobada la ponencia de Córdoba, se levantaría la prohibición para hacer política. 

No obstante, aun en ese caso, la exsenadora Córdoba tiene otra sanción de destitución e inhabilidad por 14 años impuesta por la Procuraduría por entregar $25 millones a la campaña del entonces candidato a la Cámara, Ricardo Montenegro. 

El fallo contra Córdoba se derivó de denuncias del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una aportación económica que ella hizo en 2010 a su asesor Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico en las elecciones legislativas de aquel año. 

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