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Colprensa sábado, 5 de septiembre de 2015

Así lo determinó el Consejo de Estado al negar una acción de repetición con la que la Contraloría buscaba recuperar el dinero que tuvo que pagar a la persona afectada. 

Según la Contraloría, Turbay Quintero debía responder por los daños ocasionados a la entidad, debido a que su administración actuó con desviación de poder, pues aunque el cargo era de libre nombramiento y remoción, la decisión no podía ser arbitraria y debía sujetarse a la necesidad del mejoramiento del servicio público. 

No obstante, la Sala no encontró probadas las causales para la procedencia de la acción, pues se demostró que la persona designada para remplazar a quien fue declarado insubsistente cumplía con los requisitos del cargo y contaba además con amplia experiencia para su desempeño. 

“Para la Sala no se encuentra configurado el dolo en la actuación del Julio César Turbay Quintero, todo lo contrario, lo que se observa es que hizo uso legítimo de la facultad otorgada por la misma entidad para la provisión de cargos directamente relacionados con su despacho, lo anterior, en aras de poner en ese cargo a la persona que en su criterio mejor podía desempeñar las funciones correspondientes”, señaló la decisión.

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