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Vanessa Pérez Díaz - vperez@larepublica.com.co miércoles, 30 de septiembre de 2020

Se confirmó una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia emitida el pasado 12 de noviembre de 2019

Los líos en la construcción de la represa Hidroituango no cesan y hoy se conoció un nuevo capítulo en esta historia que fue afortunado para Empresas Públicas de Medellín (EPM), que actualmente gerencia Álvaro Rendón. Se conoció que el Consejo de Estado ratificó una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia emitida el pasado 12 de noviembre de 2019 en el que negó la pretensión de la sociedad Hidroituango S.A. de que EPM pagara una suma de $117.800 millones por incumplimiento de contrato.

Además de confirmar este fallo, estableció que cuando se trata de una disputa por incumplimiento de contrato, ésta debe ser resuelta por un Tribunal de Arbitramento y por eso ordenó pasar el caso a esta figura.

Lo que Hidroituango demandó fue que EPM, no cumplió el hito 7 del contrato, es decir, no se cerraron las compuertas de desviación y tampoco se dio inicio al llenado del embalse. Esto, según se fijó en el contrato, debía haber ocurrido antes del primero de marzo de 2018, pero versiones en medios aseguran que, de común acuerdo, ambas compañías decidieron extender esa fecha al 1 de julio de 2018.

Fue así como el pasado 21 de octubre de 2019 Hidroituango presentó una demanda en contra de EPM asegurando que se había incumplido uno de los compromisos del contrato y por esa razón pedía el pago de una suma que exactamente asciende a $117.828.423.750.

Ante esta decisión el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reaccionó en su cuenta de Twitter diciendo: "El Consejo de Estado le ha dado la razón a EPM rechazando argumentos de la Gobernación de Antioquia que pedía le diéramos 117.000 millones de pesos por conflicto en Hidroituango. Seguiremos defendiendo a EPM y a Medellín a todo costo".

Pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la pretensión de Hidroituango porque “no se acreditó el incumplimiento contractual imputable a EPM del Hito 7 que conlleve a la exigibilidad de las cláusulas penales de apremio", la sociedad apeló ante el Consejo de Estado y pidió que la Fiscalía investigara a EPM por presunto fraude procesal.

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