• José González Bell

jueves, 14 de noviembre de 2019

Contra 34 presuntos responsables, como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación

En el marco de la rendición de cuentas del primer año de gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, que se realiza hoy en el hotel Marriot, se dio a conocer que se abrirá un juicio fiscal contra los ‘presuntos responsables’ por las fallas presentadas en el proyecto Hidroituango el año pasado.

"Mediante auto de apertura del pasado 8 de noviembre, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un total de $4 billones, contra 34 presuntos responsables, como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango", comunicó la entidad.

Entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, tres representante legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín, dos gobernadores de Antioquia y varios contratistas.

De este modo, los investigados son: Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia; Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia; Jorge Londoño, actual gerente general de EPM; Anibal Gaviria, exalcalde de Medellín.

Córdoba Larrarte indicó que el proceso puede durar entre un año y medio y dos años. El objetivo, señaló, es que los presuntos responsables cuenten lo que sucedió y cómo y por qué tomaron las decisiones "desacertadas" en versión libre . De esta manera, se procederá a analizar las pruebas que tiene el ente de control y las declaraciones que hagan los funcionarios.

"Lo que necesitamos es que el proyecto salga adelante. Quienes hayan tomado mal las decisiones, que lo paguen. “Aceptamos el Control Excepcional a Hidroituango en el primer semestres de 2019. En tiempo récord logramos realizar las indagatorias necesarias para cumplirle al país en ese sentido. El hecho que no se haya puesto aún en funcionamiento significa pérdida de recursos importantes de los colombianos”, expresó el Contralor.

La suma del detrimento patrimonial se discrimina de la siguiente forma. $2,9 billones a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que
llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del
proyecto. Otros $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.

"La Contraloría considera, con base en el Informe de Actuación Especial de Control Excepcional, realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, y las pruebas allegadas con el mismo, que las mayores inversiones realizadas en Hidroituango no se encuentran justificadas, pues obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles
a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados en calidad de presuntos responsables", expresa el comunicado.

Así mismo, Córdoba Larrate entregó cifras de lo que ha sido su primer año de gestión. Por ejemplo, entre septiembre de 2018 y octubre de 2019, la Unidad Especial de Investigaciones contra la Corrupción tuvo a cargo 158 procesos de responsabilidad fiscal por $15.3 billones. Igualemente, al finalizar el año, la Contraloría habrá auditado recursos públicos por $541 billones.

Otro de los logros que destacó Córdoba, fue el fallo con responsabilidad fiscal por $26.274 millones por pago de medicamentos de hemofiia que nunca existieron.