jueves, 24 de febrero de 2022
Según la entidad, se necesitan al menos $328,3 billones para ejecutar las medidas propuestas en el Conpes 4120 para el año 2031
El contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, alertó sobre la necesidad de que se haga un mayor esfuerzo fiscal para reparar a las víctimas del conflicto armado, dado que, según los análisis de la Contraloría, la destinación de recursos propuesta en el Conpes 4120 resultaría insuficiente.
Cabe recordar que este documento para la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuenta con una destinación de $142.1 billones, los cuales, para Gualdrón, “no son acordes al universo de población víctima pendiente de atención”.
Las víctimas que han accedido a una medida de reparación no superan 13%, según los cálculos hecho por la entidad. Además, señaló que para junio de 2031 se requerirían más de $328,3 billones para ejecutar 19 medidas que están contempladas en la ley. “Se requiere un mayor esfuerzo fiscal en adelante a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente”, explicó el contralor delegado.
Entre las medidas contempladas se encuentran la indemnización, la cual requiere $65 billones, que tiene como meta atender a 6,2 millones de víctimas en los próximos 10 años. En el caso de la vivienda que necesitan $51 billones para un millón de hogares en el país, mientras que a la alimentación se le debe invertir $27 billones necesarios para la nutrición de 1,2 millones de personas. Por último, serían necesarios $15 billones para asegurar el retorno y la reubicación de 1,4 millones de hogares.
La Contraloría asegura que aproximadamente a tres millones de víctimas no se les han cumplido con el acceso a todos los componentes que representan la vivienda y que hay 1,2 millones de victimas que aún no han sido atentidas.
Por otra parte, en cuanto a la restitución de tierras, “de más de 135.000 solicitudes, se han restituido con sentencia algo más de 12.000”, señaló la entidad. De la cantidad de solicitudes presentadas, 24% se encuentra en departamentos de la Costa Caribe, siendo Bolívar y Cesar los departamentos con la cifra más alta, ambos con 6%.
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Teniendo en cuenta la preocupación presentada, la Contraloría realizará una nueva Actuación Especial de Fiscalización a la Unidad para la Atención y Reparación, en donde se revisarán 1.093 casos correspondientes a giros de indemnizaciones que carecen de información, 263 giros a beneficiarios que se encuentran fallecidos, los cuales no cuentan con fechas de cobro, y 137 giros realizados a beneficiarios que ya se encontraban fallecidos.
Adicionalmente, la entidad ha identificado la falta de recursos para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), pues, de $3,5 billones, hay pendiente por ejecutar cerca de $1,2 billones.
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