Contraloría alertó sobre nuevo reporte de recursos en fiducia que estarían sin ejecutar

La Contraloría realizó un estudio que analizó la gestión y ejecución de los recursos públicos inmovilizados en fiducias con corte a diciembre de 2024, este concluyó que esta situación deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal y la pérdida de eficacia social.

Agregaron que la pérdida económica se manifiesta en el costo de oportunidad, debido al rendimiento real de los fondos inmovilizados en portafolios de baja rentabilidad, "es muy inferior al valor público que generarían si se ejecutaran oportunamente. La pérdida social se refleja en el retraso en la entrega de bienes y servicios (costo de la no oportunidad social) y en el riesgo de que la ejecución de los contratos derivados, representen una de las mayores demoras a futuro del proceso, afectando el cumplimiento efectivo de las metas propuestas para el cumplimiento de sus objetivos".

Este estudio además encontró que a diciembre de 2024, del total de $13,48 billones en 787 negocios fiduciarios, $4,84 billones (156 negocios) estarían sin ejecutar, lo que equivale a 35,61% del total. Desde la entidad señalaron que esta situación representa no solo una ineficiencia fiscal, sino también la pérdida de oportunidades para invertir oportunamente en proyectos estratégicos.

Por el lado de las entidades públicas, de un total de $390.265 millones, la Contraloría encontró que el Ministerio de Vivienda con $165.255 millones inmovilizados (42,34%) es la entidad que lidera la situación, le sigue el Ministerio de Comercio con $109.320 millones (28,01%) y el Ministerio de Salud con $67.792 millones (17,37%).

Por su parte, las fiduciarias con mayor administración de recursos inmovilizados son Scotiabank Colpatria ($168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones), lo cual indicaron que evidenciaba una alta concentración en pocas entidades.

Explicaron que estos resultados demuestra la necesidad de focalizar acciones correctivas en sectores y actores críticos para reducir la inmovilización y mejorar la eficiencia del gasto público.