Contraloría contradice a Cancillería y advierte riesgos en nuevo modelo de pasaportes

La Contraloría General de la República emitió una contundente advertencia a la Cancillería colombiana tras desmentir las afirmaciones del Gobierno sobre la supuesta ausencia de riesgos en el nuevo modelo de expedición de pasaportes.

A través de un documento oficial liderado por el contralor delegado Luis Enrique Abadía García, el organismo de control fiscal reiteró que el proceso, que debería entrar en plena vigencia el próximo primero de abril, enfrenta serias amenazas técnicas, financieras y operativas que ponen en duda su viabilidad y sostenibilidad.

El ente de control contradijo directamente a la ministra de Relaciones Exteriores, señalando que la postura oficial de la cartera no coincide con la realidad documentada en sus procesos de vigilancia preventiva.

Según la Contraloría, existen evidencias claras de retrasos sistemáticos y cambios constantes en el cronograma de implementación, donde múltiples actividades han vencido sin cumplirse. Estos incumplimientos en los plazos del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 generan un efecto dominó que compromete las fases subsiguientes y la estabilidad de todo el sistema de identificación.

En el ámbito financiero, la alerta es máxima debido a la falta de una estimación completa de los costos operativos y al riesgo cambiario que ahora recae sobre el Estado colombiano. El nuevo esquema estipula pagos en euros, lo que significa que cualquier devaluación del peso deberá ser cubierta por el erario público sin que exista actualmente un estudio de cobertura para mitigar este impacto.

Además, se advirtió sobre la inclusión de intereses por pagos extemporáneos y el riesgo de activar una garantía a primer requerimiento por más de seis millones de euros, costos que no existían en el modelo anterior.

Otro punto crítico identificado es el cambio en la lógica de contratación, pasando de un modelo basado en la demanda real a uno que exige un pago mínimo anual predefinido. Esta modificación obliga al Estado a cumplir con cuotas financieras fijas independientemente del flujo de solicitudes, sin que existan garantías claras de suministro en caso de requerirse libretas adicionales.

Esta incertidumbre podría presionar las fuentes de financiación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y obligar a traslados imprevistos de recursos desde el Presupuesto General de la Nación.

La Contraloría subrayó que estas observaciones no buscan generar una confrontación política, sino cumplir con el deber constitucional de proteger el patrimonio público y garantizar un servicio esencial para los ciudadanos. El organismo enfatizó que la falta de oportunidad en las acciones actuales pone en riesgo la libertad de locomoción de los colombianos, ya que cualquier falla en la transición hacia el nuevo modelo de personalización y distribución de pasaportes afectaría directamente la entrega del documento tanto en el país como en los consulados.

El documento concluye instando de manera urgente a la Cancillería y a la Imprenta Nacional de Colombia a adoptar medidas verificables y suficientes para corregir el rumbo de la implementación. La CGR recordó que su control fiscal es preventivo y tiene como fin último evitar que se materialice un daño patrimonial o una interrupción grave en la prestación del servicio.

A medida que se acerca la fecha límite de abril, la presión sobre el Gobierno aumenta para demostrar que el modelo es realmente ejecutable bajo las condiciones pactadas.

Este pronunciamiento oficial deja en evidencia la profunda brecha entre el optimismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y las preocupaciones técnicas de los organismos de control. Mientras el Gobierno insiste en que el cronograma avanza sin contratiempos, la Contraloría mantiene su lupa sobre cada contrato y movimiento financiero, advirtiendo que la improvisación en los costos y la gestión de riesgos podría derivar en una crisis de suministro de pasaportes a nivel nacional e internacional.