Informe de derechos humanos en Colombia advierte falencias en Política de Paz Total
El reciente informe de la ONU indica que las negociaciones del Gobierno con grupos armados no han frenado las violaciones a los derechos humanos
26 de febrero de 2026
La ONU declaró 2026 como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, Airp
El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un análisis detallado sobre la implementación de la política de Paz Total en Colombia. El documento concluye que los procesos de negociación establecidos por el Gobierno Nacional no han logrado prevenir vulneraciones a los derechos humanos en diversas regiones.
Según la entidad, estos diálogos tampoco han facilitado la participación efectiva de las comunidades locales en los territorios afectados.
En 2025, fueron asesinados 187 líderes sociales y 173 firmantes del Acuerdo de Paz
Durante 2025, la oficina recibió 87 reportes de masacres, de las cuales se han verificado 53 casos que dejaron un saldo de 174 víctimas. Los datos indican que la mayoría de los fallecidos fueron hombres, seguidos por mujeres y menores de edad. Los departamentos de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Valle del Cauca se identificaron como las zonas con mayor incidencia de estos eventos violentos.
El análisis técnico atribuye la responsabilidad a 95 % de las masacres verificadas a organizaciones criminales y grupos armados no estatales. La motivación principal en 75 % de estos incidentes se vincula con disputas territoriales por el control de economías ilícitas. Además, el informe señala que la violencia persiste de manera crítica en regiones como el Catatumbo, el Magdalena Medio y departamentos como Cauca, Chocó y Nariño.
La ONU resalta que las negociaciones actuales no han detenido delitos específicos como el reclutamiento de menores ni el homicidio de defensores de derechos humanos. El organismo observa que los derechos de las víctimas no han ocupado un lugar central en las mesas de diálogo.
Asimismo, se detectó una falta de coordinación eficiente entre las instituciones de nivel nacional y territorial para ejecutar las políticas de seguridad.
Como recomendación final, el organismo internacional sugiere reformular la estrategia de acercamiento para no priorizar únicamente a los actores armados como interlocutores principales. El informe enfatiza la necesidad de integrar a las autoridades locales y procesos sociales en la construcción de la paz.
Se insta al Estado a fortalecer su presencia institucional para garantizar la protección de la población civil y la autonomía de las comunidades étnicas.
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