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martes, 26 de mayo de 2020

Se le abrirá una investigación a la alcaldesa de Bogotá por presuntos malos manejos de los recursos para atender el covid-19

La Contraloría Distrital abriría esta semana una investigación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, debido al manejo de los recursos de la capital durante la Emergencia Sanitaria provocada por la expansión del covid-19.

Dicha investigación se sumaría a los múltiples hallazgos que el bloque conformado por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, en su programa ‘Transparencia para la Emergencia’, revelaron la semana pasada y que salpicó a alcaldes y gobernadores.

En concreto, la Fiscalía, que lidera Francisco Barbosa, anunció que imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes, además de citar a interrogatorio a tres gobernadores y otros tres alcaldes.

Los funcionarios serán juzgados por múltiples delitos entre los que se encuentran el interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.

Los diez alcaldes implicados son José Manuel Ríos de Armenia, en el departamento del Quindío; Rumenigge Monsalve de Malambo, Atlántico; Luis Antonio Rhenals de Cereté, Córdoba; Claudia Luz Alba Porras de Socorro, Santander; Luis Alberto Balcero de Calarcá, Quindío; Jhon Jaime Ospina de San Pedro, Valle del Cauca; Jorge Iván Vásquez de San Antonio, Tolima; Germán Herrera de Guaduas, Cundinamarca; Nelson Gómez de Palocabildo, Tolima y Rafael Antonio Ospina de Coveñas, Sucre.

LOS CONTRASTES

  • Juan Felipe LemosSenador del Partido de la U

    “Las autoridades han actuado como corresponde, con celeridad y contundencia, en el análisis e investigación de esos presuntos actos de corrupción”.

Al igual, la Contraloría anunció que, a la fecha, se han contratado $3,1 billones para la atención del covid-19, $1 billón ha sido destinado para contratos de prestación de servicios y $2,1 billones para la compra de suministros, medicamentos y mercados.

En este último rubro, se han encontrado sobrecostos por alrededor de $420.000 millones en los precios de alimentos para la población vulnerable, problemática a la que la autoridad ha intentado detener por medio de las alertas en tiempo real.

“Gracias a estas herramientas del control preventivo se pueden recuperar más de $25.000 millones por cuenta de las distintas alertas que se emitieron”, señaló el contralor, Carlos Felipe Córdoba a La Fm.

En el caso de la Procuraduría se adelantan 999 procesos disciplinarios, a la fecha, se ha tomado decisión procesal de 512, de los cuales 26 están relacionados con gobernaciones y 272 con alcaldías. Los otros 487 están en estudio preliminar.

Toda esta situación podría provocar que se tuvieran que realizar decenas de elecciones regionales sin estar previstas. “Esta situación nos genera una preocupación enorme, 2021 no es electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tenía previsto realizar elecciones”, señaló el magistrado Jaime Luis Lacouture, quien también dijo que el CNE y la Registraduría deben prepararse para realizar elecciones atípicas.

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