Contraloría estima daño patrimonial de $21,56 billones en 4.698 procesos abiertos

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El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, entregó el informe de Rendición de Cuentas 2025, con el que presentó los resultados de la entidad a la fecha, la cantidad de procesos fiscales abiertos, el total de los recursos que están en riesgo de detrimento y los sectores que requieren mayor atención.

Inicialmente, Rodríguez señaló que la entidad tiene 4.698 procesos de responsabilidad fiscal abiertos actualmente, en los cuales estima un daño patrimonial al Estado de $21,56 millones. A estos, se suman 2.950 procesos de cobro coactivo con títulos ejecutivos por $8,79 billones.

En cuanto al resarcimiento de este daño, la Contraloría informó que se han logrado recuperar $3,8 billones, los cuales ya retornaron a las arcas del Estado. Sobre este punto, Rodríguez enfatizó en que "solo en 2024, se recuperó una cifra cercana a $2,5 billones y un dato relevante es que la entidad contó con un presupuesto de $1,4 billones, lo que refleja la efectividad de nuestra labor”.

El contralor señaló que estos resultados positivos se deben principalmente a que la entidad avanza firmemente para proteger el patrimonio público y, precisamente por eso, solo en este año la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción abrió 45 procesos por $2,15 billones.

Rodríguez también resaltó los 10 procesos en los que se imputó responsabilidad fiscal por $247.575 millones, entre los que se encuentran cargos específicos contra Medimas, por $150.839 millones; el Ministerio del Deporte, por $40.641 millones; el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, por $22.152, en relación con el contrato de carrotanques de La Guajira.

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En su lucha contra la corrupción, la Contraloría profirió fallos de responsabilidad por más de $110.114 millones, de los cuales adquiere principal relevancia el de Purificación, Tolima, por $2.147 millones, con el que se logró recuperar más de $10.827 millones.

Durante la entrega del informe, Rodríguez hizo advertencias especiales sobre dos sectores: salud y energía. En cuanto al primero, el contralor enfatizó en la deuda de más de $32,9 millones que existe entre aseguradores y prestadores del servicio. No obstante, aclaró que en este monto no están incluidos los datos de Nueva EPS, pues desde 2023 no ha entregado sus estados financieros.

“Frente al panorama de incertidumbre financiera de la Nueva EPS, ordené a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari el despliegue de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, para obtener información en tiempo real, identificar riesgos críticos en la gestión del asegurador y verificar la correcta destinación de los recursos”, añadió.

Sobre el sector salud, también aseguró que ha habido un aumento importante en las quejas y reclamos, que pasaron de 1,3 millones en 2023 a 1,6 millones en 2024 " reflejando un deterioro creciente en la oportunidad y calidad de la atención que reciben los usuarios del sistema".

Por otra parte, con respecto al tema de energía, el Rodríguez afirmó que hay claras advertencias ante un posible desabastecimiento e incremento de costos en este sector, pues existen un déficit en la industria del gas por $935.000 millones para cubrir subsidios en los últimos tres trimestres del año.

Además, indicó que la mora de los subsidios es de más de $2 billones con corte a septiembre. "En el subsector de hidrocarburos, el informe sobre el estado de las reservas indica que las reservas probadas de gas alcanzan solo 5,9 años y las de petróleo 7,2 años, con una disminución de 13%", dijo Rodríguez.

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Por último, la Contraloría se refirió a su estrategia 'Salvando obras', con la que la entidad recuperó $6,38 billones de 408 proyectos que fueron puestos al servicio de las comunidades, pero con deficiencias y dificultades de ejecución. Solo en 2025, el ente de control supervisó el uso de $18,19 billones, en los que encontró 1.769 proyectos con diagnóstico deficiente por más de $63,28 billones.

“Los sectores con los mayores recursos identificados por la Contraloría en los diagnósticos de obras críticas son, en su orden: el sector de transporte con $41,10 billones comprometidos, vivienda, ciudad y territorio con $3,2 billones en riesgo y agricultura y desarrollo rural con $1,73 billones comprometidos”, explicó Rodríguez.