Carlos Hernán Rodríguez, contralor general - Contraloría
viernes, 21 de abril de 2023
El ente de control anunció que seguirá de cerca los problemas que generaron los cierres de las minas Calenturitas y La Jagua, en Cesar
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El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció que se realizará un especial seguimiento a los problemas que se han derivado en el Cesar después del cierre de las minas Calenturitas y La Jagua.
Los dos proyectos tenían una gran importancia dentro del sector minero del país, especialmente en el sector denominado como el corredor minero del Cesar. Allí se encuentran además los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, los cuales han sido los mayores damnificados por el cierre de las minas.
Durante su operación, estos proyectos eran la fuente de empleo de más de 7.400 familias, generando 1.200 empleos directos y 6.200 más para contratistas. Además, producían anualmente alrededor de $500.000 millones en regalías, impuestos y en compras y contratos.
La Contraloría afirmó que es necesario identificar las obligaciones que están pendientes y a cargo de la Agencia Nacional de Minería y de la empresa Prodeco, además de los compromisos ambientales, económicos y sociales que tienen tras el cierre de los proyectos.
El ente de control aseguró que esta es la prioridad, ya que en caso de que la Agencia y Prodeco incumplan con sus responsabilidades, esto representaría un gran impacto fiscal para el país, debido a que el estado tendría que asumir la mitigación de estos riesgos.
Los impactos que la Contraloría identificó:
El ente de control confirmó que, después de la renuncia a los contratos de concesión, se dejaron de recibir contraprestaciones económicas adicionales a las regalías, las cuales ya no se podrán garantizar en las próximas contrataciones.
Estas contraprestaciones ascendieron a $2,66 billones entre 2012-2021 y para los años 2021-2030 se tenían estimadas en $2,24 billones.
Además de esto, se confirmó la perdida de la inversión social anual proyectada para el año 2022, la cual estaba estimada en $1.700 millones.
Ante esto, la Contraloría General de la República decidió iniciar el seguimiento especial, con el objeto reunir información sobre la gestión de estos proyectos. Además, es prioridad emitir, en caso de ser necesario, las advertencias correspondientes a autoridades y a las poblaciones afectadas, que estén relacionadas con los riesgos sociales, ambientales o económicos que puedan derivar de la situación de estos proyectos.
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