Contraloría pone lupa sobre giros por $64,44 billones y compromisos por $48,14 billones

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La Contraloría General de la República informó que, en el marco del seguimiento a la advertencia emitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre compromisos presupuestales, financieros y de contratación, adelantó una revisión de información obtenida mediante actuaciones de Policía Judicial de la Diari en distintas entidades del Estado.

El análisis, liderado por la Delegada de Economía y Finanzas Públicas, abarcó el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 28 de julio de 2026, equivalente a cinco semanas, durante las cuales se identificaron giros superiores a $64,44 billones, así como la celebración de nuevos compromisos por $48,14 billones.

De acuerdo con el organismo de control, la información examinada evidencia patrones que se repiten en diferentes unidades ejecutoras, sectores, beneficiarios y modalidades de pago, razón por la cual considera necesario profundizar el análisis de estas operaciones para determinar su justificación, soporte y legalidad.

Entre los hallazgos preliminares se identificaron casos de dos o más giros realizados a personas naturales en una misma fecha, por el mismo valor, asociados al mismo informe de ejecución y al mismo contrato. Frente a estos registros, la Contraloría recomendó verificar los soportes, comprobar la calidad y oportunidad de los servicios prestados o bienes recibidos, descartar posibles pagos dobles y evaluar las políticas de pago, incluidos eventuales fraccionamientos.

Estas situaciones, según el ente de control, ameritan una revisión especial y coordinada por parte de las contralorías delegadas sectoriales, especialmente en entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Inversión para la Paz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, el Instituto Nacional de Vías, Invías, y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.

Otro aspecto que llamó la atención de la Contraloría es la cercanía entre el registro de algunos compromisos y la realización de los pagos, incluso antes de cumplirse el primer mes de ejecución contractual.

Aunque esta situación no constituye, por sí sola, una evidencia de irregularidad, la entidad señaló que, dada su magnitud, será objeto de análisis para determinar si los tiempos de ejecución son consistentes con las obligaciones contractuales, la efectiva prestación de los servicios o la entrega de bienes y los soportes que respaldaron los pagos.

Atención sobre recursos girados a fiducias

Dentro de la revisión también se identificaron giros efectuados a la Fiduprevisora, entidad que recibió aproximadamente $4,33 billones como beneficiaria de pagos durante el periodo analizado.

Adicionalmente, la Delegada de Economía y Finanzas Públicas advirtió sobre 31 informes financieros de la fiduciaria, con especial atención al correspondiente al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el cual el revisor fiscal dejó constancia de que no fue posible obtener evidencia suficiente sobre cuentas relacionadas con proveedores de servicios de salud.

Asimismo, se reportó la ausencia de actas del Consejo Directivo que permitieran verificar determinadas decisiones, instrucciones o autorizaciones con posibles efectos sobre los estados financieros.

Control fiscal coordinado

La Contraloría General señaló que remitirá estos elementos a sus delegadas sectoriales para que, dentro de sus competencias de vigilancia y control fiscal, validen los registros, revisen los soportes, determinen la efectiva recepción de bienes y servicios, descarten duplicidades y evalúen la legalidad y razonabilidad de las operaciones.

El organismo precisó que el propósito de esta actuación no es anticipar responsabilidades, sino garantizar que un volumen extraordinariamente significativo de recursos públicos cuente con plena trazabilidad, justificación y soporte.

Finalmente, la Contraloría indicó que continuará realizando seguimiento a la ejecución presupuestal y financiera del Estado y que adoptará las actuaciones de control fiscal que correspondan de acuerdo con los resultados de las verificaciones sectoriales.