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Teresita Celis - tcelils@larepublica.com.co lunes, 9 de abril de 2012

sandra morelli rico anunció la decisión en las horas de la tarde de ayer.

La contralora General de la República, Sandra Morelli Rico decretó la suspensión de todas las actuaciones que se vienen adelantando por la Contraloría General de la República y que de una u otra manera puedan afectar a servidores públicos que gocen de fuero constitucional.
Esto en atención al fallo proferido por los conjueces sorteados por el Consejo Superior de la Judicatura.
El documento fue conocido el día 30 de marzo, de parte del secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, toda vez que a este despacho solo se emitió la orden de entrega inmediata de los expedientes contentivos de las investigaciones que por el concepto del incremento posiblemente irregular de la mesada pensional de nominados del Consejo Superior de la Judicatura, previa deliberación de su consejo directivo.
Lo anterior, en tanto se profiere providencia aclaratoria de la decisión, teniendo en cuenta que al tenor literal de la misma, podría inferirse que también la Contraloría General de la República usurparía competencias al ejercer funciones de control fiscal y procesos a los siguientes servidores públicos:
Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Embajadores, Gobernadores, Procurador General, Defensor del Pueblo, que tienen fuero constitucional.
Según los expertos juristas, esta decisión podría favorecer los casos que actualmente cursan contra varios de los investigados.
Podría ser el caso de Andrés Felipe Arias, con el programa de Agro Ingreso Seguro, con el cual tuvo una investigación preliminar a la decisión de la Fiscalía General de la Nación en la que se embargaron todos sus bienes, que a esa fecha solo constaban al parecer, de solo un vehículo que aparecía bajo su nombre.
Al parecer, se trasladaron todos los bienes a nombre de su esposa con el fin de evitar este tipo de diligencias.
También es el caso del ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien sería imputado por cargos fiscales debido a un posible detrimento de $18.000 millones en cuanto a contratación de infraestructura en el departamento.
Así mismo, se investigaría por la posible irregularidad presentada con la administración de los recursos que se destinarían a mitigar la ola invernal que afecta al país desde el año anterior.
Para los expertos, esta situación se torna grave, pues no se pueden entonces controlar casos como el de los Nule, que deben ser investigados por el detrimento causado a la Capital de la República en la construcción de la Fase III del Transmilenio. Ellos ya habían sido notificados de un embargo de sus cuentas para pagar las deudas.
 

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