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José David Castilla Miércoles, 6 de marzo de 2019

La entidad pidió afinar los estatutos previos y regular los balances finales de la contratación.

El cierre del periodo de alcaldes y gobernadores ha generado mucha controversia al interior de la Contraloría. Esto, según un comunicado emitido por la entidad, es “una queja frecuente”. Según informó la entidad no todos los gobiernos municipales están usando cuentas maestras como ordena la Ley 1753 de 2015.

“Aún no se ha erradicado por completo el endoso del pago de obligaciones a personas diferentes del beneficiario originalmente contratado. Esto da una condición de opacidad y quita transparencia al manejo de los recursos, particularmente los que vienen de las regalías”, agregó el vicecontralor (e) Rodríguez Yee.

El funcionario también se refirió  a los hallazgos recurrentes que encuentra la Contraloría General de la República cuando audita las entidades territoriales:

“En 70% de las auditorías se detectan falencias en la contratación; en 61% de los casos se ven deficiencias en la formulación de proyectos y programas de inversión; en 52% se evidencian deficiencias en las labores de supervisión, seguimiento y control. Y en 42% de los ejercicios de control fiscal se encuentran errores en la ejecución de los contratos”, confirmó Yee.

Otro tema que preocupa al ente de control fiscal es el estado de cuentas de los hospitales públicos municipales.  Rodríguez Yee se refirió también al tema de la crisis de los hospitales públicos e indicó que estos arrastran hoy un déficit de alrededor de $4 billones.

“El saneamiento de estas entidades de salud a veces termina siendo peor que la misma enfermedad y se hace en algunas ocasiones sin criterios técnicos”, sostuvo.

Para el Vicecontralor, la situación de los hospitales públicos es crítica:

“Los hospitales deben contar con algo elemental, que es el presupuesto de caja. Muchos coexisten con lo que son los presupuestos de causación y ahí hay grandes dificultades. Ya los famosos carteles que son recordados lamentablemente, mostraron que en algunos lugares los recursos no tienen el control necesario y en la mayoría de casos cuando aparecen esos carteles terminan desviados para otros fines diferentes a los que es el aseguramiento en la prestación del servicio de salud y terminan en muchos casos, que se han logrado evidenciar, en la financiación de campañas políticas”.

“Este es un año electoral y la Contraloría no va a tolerar que el debate democrático alrededor de las elecciones siga siendo fuente de responsabilidades fiscales y disciplinarias”, concluyó Rodríguez Yee.

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