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Angélica Benavides lunes, 2 de septiembre de 2019

Segundo otrosí se firmó en diciembre de 2007

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación contra 17 involucrados en presuntas irregularidades por la firma de un otrosí de adición de presupuesto al proyecto de mejoramiento de la Troncal de la Paz en 2007 en Antioquia.

En 2005, la Gobernación de Antioquia, entonces en cabeza del hoy candidato a gobernador Aníbal Gaviria, firmó con el Consorcio Troncal de la Paz, del cual es accionista el Grupo Solarte, un contrato para el mantenimiento y mejoramiento de la vía que lleva el mismo nombre, ubicada en el bajo Cauca antioqueño, por $41.663 millones.

Para lograrlo, el departamento contó con el apoyo financiero del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo en Territorio (Fonade), entidad que vigiló también su ejecución.

El contrato inicial para la Troncal de la Paz tuvo una adición presupuestal por $12.339 millones y dos años después, el 27 de diciembre de 2007, la secretaria de Infraestructura del departamento firmó un otrosí que le añadió otros $16.334 millones al mismo contrato, para asegurar la construcción de un puente sobre el río Nechí y así conectar al municipio de Bagre con la Troncal de la Paz, en lo que habría sido un proyecto diferente y por lo tanto, probablemente necesitaba su propio proceso de licitación como lo establecía la ley de contratación de obras públicas que estaba vigente en ese momento, así como el régimen contractual.

LOS CONTRASTES

  • Miguel GonzálezAbogado penalista

    “Un llamado a indagatoria no significa que sean responsables, es una posibilidad que se le otorga a la persona citada ante la entidad correspondiente de defenderse frente a lo que se está investigando”.


  • Guillermo CáezAbogado en Cáez Muñoz Mejía

    “Si se demuestra que es un hecho de corrupción, el proceso penal deja condenas altas según la tipología del delito y los funcionarios públicos, además, tienen responsabilidad disciplinaria y posible fiscal”.

En el contrato inicial, la obra debía ejecutarse en un plazo de 26 meses, es decir dos años y dos meses, tiempo que no se cumplió. Además, con el contrato inicial se entregó un anticipo superior a 29% argumentando que estos eran necesarios para el inicio de las obras.

Cuando ya el contrato se estaba ejecutando, la Contraloría de Antioquia en 2011, la Procuraduría del mismo departamento en 2012 y después la Fiscalía investigaron el último otrosí, ante la posibilidad de irregularidades. Ya que el otrosí se firmó cuatro días antes del final del mandato de Aníbal Gaviria y quien lo ejecutó fue su sucesor, Luis Alfredo Ramos, y finalmente fue liquidado de manera unilateral por un tercer gobernador: Sergio Fajardo.

Durante la investigación del caso, la Fiscalía citó a rendir indagatoria a varios funcionarios de la administración de Aníbal Gaviria: Nadia Maryori Maya Lopera, entonces directora de Desarrollo y Evolución Contractual; Margarita María Ángel Bernal, secretaria de Infraestructura Física para el Desarrollo de Antioquia; Jorge Montoya, profesional de la Secretaría de Infraestructura; Mauricio Restrepo González, secretario de Infraestructura Física; Wilson Herrón Beltrán, coordinador del contrato; Juan Fernando Franco Uribe, coordinador del contrato; Jorge Ignacio Montoya Delgado, profesional de la Secretaría de Infraestructura Física y Edir Amparo Graciano Gómez, directora de Desarrollo y Evolución Contractual.

Por el lado de la interventoría, la autoridad también pidió que asistan a presentar su versión Carlos Alberto Valderrama, representante legal del consorcio Dinsedic; junto con, Juan Diego Londoño, director residente de la interventoría; Elías Correa Villa, especialista de geotecnia; Andrés Londoño, especialista de estructuras, y Fernando González Villa, especialista en hidrología e hidráulica.

En cuanto al contratista, fueron citados Luis Fernando Solarte Viveros, representante legal del Consorcio Troncal de la Paz; Carlos Solarte; Paola Solarte e Ignacio Narváez.

Por este caso, el candidato Gaviria tendría una citación a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el martes tres de septiembre. Sin embargo, el exgobernador, no tendría mayor conocimiento del proceso. Lo que sí sabría es que la Fiscalía adelanta la investigación preliminar, sin que por el momento haya encontrado señales suficientes para iniciar un proceso en firme.

La investigación, ni en etapa preliminar ni en proceso en firme, es una causal de inhabilidad para los candidatos a cargos públicos, por lo que Gaviria podría seguir en la carrera por la Gobernación de Antioquia, que se definirá el próximo 27 de octubre, a menos que se le imponga una condena por el caso, si las autoridades así lo consideran.

Por su parte, Carlos Solarte acreditó la experiencia en la ejecución de este contrato que finalmente se entregó terminado en junio de 2010, para hacer parte de otras licitaciones de obras públicas en el país.

Cabe recordar que el constructor está vinculado a las investigaciones por pagos de sobornos de Odebrecht en el país. En efecto, la Fiscalía lo acusó de supuestamente pagar para obtener el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas, un proyecto adjudicado en 2009 para conectar al río Tunjuelito con la planta de tratamientos residuales de Canoas, caso por el que en su momento Solarte se declaró inocente.

Por el contrario, su hija Paola Solarte, también citada a indagatoria por el caso de Troncal de la Paz, sí aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por el pago de sobornos para obtener junto con Odebrecht el mencionado contrato de Tunjuelo-Canoas.

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