Controversia por demandas contra pactos con las Farc

La primera demanda la presentó el exfiscal Eduardo Montealegre, y con ella pretende que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado en Cuba el 26 de agosto de 2012, sea considerado como un acuerdo especial y en ese sentido tenga un rango de tratado y así garantizar su cumplimiento a futuro. 

La otra acción judicial fue interpuesta por Tomás Javier Oñate, quien propuso su acción ante el Consejo de Estado, pero en su caso va dirigida contra la Resolución 339 de 2012, con la cual el presidente de la República, Juan Manuel Santos, incorporó dicho Acuerdo para la Terminación del Conflicto, autorizó la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo y se designaron oficialmente los delegados del Gobierno Nacional para negociar.

Esta demanda, de la cual se tuvo conocimiento apenas este jueves, fue presentada el 21 de agosto de 2015 y admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado en noviembre pasado. 

En esa decisión, de la magistrada Martha Elizabeth García, no se acogió la petición del demandante de suspender de manera provisional los efectos de la resolución, de lo contrario se habrían paralizado las negociaciones en Cuba. 

De acuerdo con Oñate, hubo una “falsa motivación” del presidente Santos para expedir la resolución porque el Jefe de Estado no habría cumplido con el mantenimiento del orden público pues las Farc secuestraron a un general y han realizado sendos actos contra la fuerza pública durante el periodo de negociación.

En ese sentido, argumentó el demandante, que la resolución es contraria a la ley porque tiene falso contenido, es decir, no se cumplen cuando la guerrilla de las Farc pone “carros bomba en estaciones de policías y mueren efectivos, derraman crudo de petróleo”, entre otros actos.