Corte Constitucional revocó la resolución que ordenó la intervención de la EPS Sanitas
El pronunciamiento se produjo en el marco del expediente T-10.477.327, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés González
26 de junio de 2025
La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-277 de 2025, resolvió por mayoría amparar el derecho fundamental al debido proceso de varias entidades del Grupo Keralty y revocar las decisiones de la Superintendencia Nacional de Salud que ordenaban la intervención de la EPS Sanitas.
El pronunciamiento se produjo en el marco del expediente T-10.477.327, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés González. La acción de tutela fue interpuesta por Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Keralty S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., EPS Sanitas S.A.S. y el directivo Juan Pablo Rueda Sánchez, contra la Superintendencia Nacional de Salud, al considerar que la intervención vulneró sus garantías constitucionales.
En su decisión, la Corte revocó la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia el 10 de julio de 2024, que había confirmado un fallo previo del Tribunal Superior de Bogotá. Ambos tribunales habían declarado improcedente la tutela presentada por el grupo empresarial.
Keralty calificó prórroga de intervención a EPS Sanitas como una medida "arbitraria"
La Corte Constitucional, en cambio, concluyó que existió una afectación al derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y, en consecuencia, ordenó dejar sin efectos tres resoluciones expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud:
- La Resolución 2024160000003002-6 del 2 de abril de 2024, que ordenó la toma de posesión de los bienes y la intervención administrativa de la EPS Sanitas por un año.
- La Resolución 2024100000003060-6 del 10 de abril de 2024, que corrigió aspectos de la anterior.
- La Resolución 2025320030001947-6 del 1 de abril de 2025, mediante la cual se prorrogaba la medida por un año adicional.
La Corte también dispuso remitir la providencia y sus antecedentes a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que vigila el cumplimiento de los parámetros constitucionales en el sistema de salud, conforme a lo establecido en ese fallo estructural.
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