Corte ratificó suspensión de oleoducto de filial de Ecopetrol por afectación al pueblo Awá
La sentencia reconoce que esta infraestructura, que está ubicada en los municipios de Barbacoas y Tumaco, en Nariño, ha sido blanco de ataques de actores del conflicto armado
15 de octubre de 2025
Ecopetrol abrió proceso para contratar servicios logísticos de proyecto de regasificación
La Corte Constitucional falló a favor de 20 resguardos indígenas del pueblo Awá, quienes interpusieron una acción de tutela en contra de la empresa Cenit S.A.S., Ecopetrol S.A. y otras entidades estatales, por los continuos derrames de petróleo en su territorio causados por daños al Oleoducto Trasandino, pese a que esta infraestructura cumplirá tres años sin operar en noviembre.
La sentencia reconoce que esta infraestructura, que está ubicada en los municipios de Barbacoas y Tumaco, en Nariño, ha sido blanco de ataques y perforaciones atribuidos a actores del conflicto armado y economías ilícitas, lo que ha generado vertimientos de crudo a fuentes hídricas y ecosistemas del territorio Awá.
La Corte concluyó que estos hechos han generado una cadena de vulneraciones a derechos fundamentales del pueblo indígena, incluyendo el acceso al agua potable, la salud, la vida digna, la soberanía alimentaria, la identidad cultural, la integridad territorial y los derechos de las generaciones futuras.
Según el alto tribunal, instituciones como el Ministerio de Ambiente, la Anla, el Consejo Nacional de Riesgos y el Ministerio de Defensa no cumplieron con sus deberes de prevención, mitigación, restauración y sanción frente a los daños ambientales ocasionados.
Mónica de Greiff presentó nuevamente su renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol
La Corte señaló la inexistencia de un licenciamiento ambiental o de instrumentos de manejo adecuados para esta infraestructura petrolera, lo cual impidió una evaluación adecuada de su impacto en derechos fundamentales, y limitó la posibilidad de diseñar medidas de compensación o mitigación efectivas.
El alto tribunal ordenó una serie de medidas urgentes, entre ellas suspender la operación del Oleoducto Trasandino hasta que se implementen medidas de protección frente a posibles derrames.
Otras de las medidas que ordenó el alto tribunal son garantizar el acceso inmediato a agua potable para las comunidades afectadas, crear una instancia de diálogo para diagnosticar el alcance de la contaminación, realizar acciones de recuperación del ecosistema dañado y diseñar un plan integral de salud para los pueblos indígenas impactados.
La Corte también hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar la normativa y las políticas públicas relacionadas con el licenciamiento ambiental, especialmente en contextos de conflicto armado, y adoptar medidas de prevención, restauración y compensación adecuadas al entorno de riesgo en el que opera la infraestructura petrolera.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp
