Corte Suprema de Justicia abrió nueva investigación contra Isabel Zuleta

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública y la citó a indagatoria. La actuación busca establecer si la congresista se extralimitó en las funciones que le fueron asignadas como coordinadora del Gobierno en los diálogos sociojurídicos con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

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La investigación está relacionada con un procedimiento realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá, al que Zuleta ingresó junto con funcionarios de la Fiscalía. Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego que, según la información de la Corte, presuntamente sería utilizada para asesinar al máximo jefe de los Comandos de la Frontera. La ubicación del arma habría sido informada por Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá'.

Ahora, el alto tribunal deberá determinar cuál era el alcance de las funciones que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le había otorgado a Zuleta como coordinadora del Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras de Medellín y el Valle de Aburrá. En particular, la Sala analizará si su participación en el procedimiento penitenciario estaba comprendida dentro de esas competencias o si, por el contrario, habría excedido las facultades que le habían sido asignadas.

Esta nueva actuación se suma a otras investigaciones que la Corte Suprema ha adelantado contra la senadora. En abril de este año, el presidente del alto tribunal había informado que Zuleta tenía cuatro indagaciones previas relacionadas con diferentes episodios, entre ellos denuncias formuladas por la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y hechos vinculados con los diálogos del Gobierno con estructuras criminales.

Entre los episodios también está el denominado “Tarimazo”, ocurrido el 21 de junio de 2025, cuando tres jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta un acto público en La Alpujarra, Medellín, en el que participaron junto al entonces presidente Gustavo Petro.

Por estos hechos, el Consejo de Estado estudió demandas de pérdida de investidura contra Zuleta, pero negó las solicitudes al considerar que no se acreditó tráfico de influencias ni que la senadora hubiera utilizado su condición de congresista para obtener los traslados.