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Colprensa martes, 28 de octubre de 2014

Moreno Rojas fue condenado por los delitos de concusión, tráfico de influencias e interés indebido de contratos, por su responsabilidad en la contratación de la rehabilitación de la malla vial del Distrito Capital en 2008. 

Además, se comprobó su exigencia indebida al llamado Grupo Nule de zonas de la concesión vial Bogotá-Girardot, para que su esposa Lucy de Moreno instalara dos estaciones de gasolina. 

Según estableció Colprensa, este es apenas el primer proceso contra Iván Moreno, pues todavía tiene uno por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, que de resultar desfavorable en su contra acarrearía una sanción mayor, superior a los 20 años. 

Precisamente, la Sala que juzgó a Moreno compulsó copias a la Sala de Instrucción de la propia Sala Penal de la Corte para que lo investigue por estos dos delitos, como producto del dinero que habría recibido de los contratistas. Ahora por falta de competencia para investigarlo, el proceso de enriquecimiento ilícito pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación. 

La Corte estableció la responsabilidad del excongresista por el trámite de la licitación 06 de 2008, que condujo a la adjudicación de los contratos 071 y 072, por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a uniones temporales donde el Grupo Nule tenía participación. 

Conductas que, según el pronunciamiento, cometió en su calidad de Senador de la República y particularmente del Polo Democrático, partido político al cual pertenecía su hermano el Alcalde de Bogotá para ese momento, Samuel Moreno Rojas. 

Según la decisión de la Corte, de más de 350 páginas, su pertenencia al Polo le otorgaba especial preponderancia sobre las entidades del Distrito Capital, entre ellas el IDU, donde ejercía fuerte poder burocrático por ser una de sus cuotas políticas asignadas como senador del partido de gobierno distrital. 

“(…) Motivado por las propuestas económicas de contratistas particulares pertenecientes al ‘Grupo Nule’, se comprometió a colaborarles en su objetivo de conseguir a su favor la asignación irregular de contratos, y por ello intervino contactando a funcionarios del IDU sobre quienes ejerció su poder como congresista del Polo Democrático, movimiento político que gobernaba el Distrito Capital”, señaló la Corte. 

Según la sentencia, Moreno determinó a la directora del IDU, Liliana Pardo, para que amañara el proceso licitatorio 06 de 2008 “a quien por su ilícita labor, a manera de gratificación, el ‘Grupo Nule’ también había ofrecido el pago de comisiones, las cuales se financiarían con el producto de los anticipos que habría de recibir ese grupo como adjudicatario de contratos para la rehabilitación de la malla vial de Bogotá”. 

La sentencia de la Corte indica que, en efecto, Moreno Rojas es responsable del abuso y aprovechamiento indebido que hizo de su investidura como Senador del Polo Democrático “para ejercer dominio frente a funcionarios del orden distrital, siendo esa la razón principal por la que fue contactado por particulares interesados en contratar con la Capital de la República, para quienes resultaba garantía de efectividad la influencia que sobre el IDU podía ejercer el Senador del partido que gobernaba la administración distrital, cuya cabeza era el Alcalde Mayor quien había sido elegido por el mismo movimiento político”. 

Igualmente, la Corte halló responsable al exsenador Moreno Rojas como autor del delito de concusión, por exigir a Miguel Nule Velilla asignar en favor de su esposa, dos zonas destinadas a estaciones de gasolina en la Concesión Bogotá–Girardot, bajo amenaza de dañarle sus relaciones contractuales con el Distrito Capital. 

Además, lo declaró responsable como autor del delito de tráfico de influencias y determinador de interés indebido en la celebración de los contratos 071 y 072 de 2008, relacionados con la rehabilitación de la malla vial de Bogotá. 

En este proceso, cuyo juicio duró tres años, tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la condena del exsenador, mientras que este se declaró inocente. Moreno siempre insistió en que no había una sola prueba en su contra y, de hecho, anunció en su momento en que iba a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por no contar con una doble instancia y por supuestas irregularidades en su contra. 

Moreno está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, en la que fue notificado de la decisión al finalizar la tarde de ayer. 

Recuento cronológico del caso

Colprensa hizo en recuento con los hechos más destacados de este proceso: 

Todo comenzó el 23 de marzo de 2011, cuando el Consejo de Estado le envió una notificación al entonces senador del Polo Democrático, en la cual se le notificó del proceso por pérdida de investidura. 

El 7 de abril del mismo año, día de la primera audiencia de Moreno, el exmagistrado Jaime Araújo Rentería le solicitó al procurador general, Alejandro Ordóñez, que le otorgara un mes de plazo para preparar la defensa de su cliente, debido a la dificultad que tuvo para conocer en la totalidad las pruebas y preparar la defensa técnica. 

Por orden de la Corte Suprema de Justicia agentes del CTI de la Fiscalía, el 28 de abril de 2011, capturaron en el barrio La Soledad, en el centro de Bogotá, al congresista Iván Moreno Rojas, hermano del entonces alcalde de la capital, Samuel Moreno, para que ampliara indagatoria por su presunta responsabilidad por el carrusel de las contrataciones. 

El exsenador fue trasladado al búnker de la Fiscalía bajo fuertes medidas de seguridad, donde se le realizaron actos de registro y reseña judicial. 

El 29 de abril, el Inpec envió una remisión de traslado del congresista al llamado pabellón de los parapolíticos de la cárcel de La Picota en Bogotá. Moreno, quién rendía indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, fue trasladado en las horas siguientes a ese centro de reclusión. 

Ya en prisión, el 2 de mayo se reanudó la indagatoria contra el político que ingresó a la Corte Suprema de Justicia a cumplir con la diligencia, por su presunta participación en el carrusel de las contrataciones. 

Ocho días después, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el excongresista señalado de haber incurrido, presuntamente, en los delitos de concusión, cohecho y celebración indebida de contratos dentro del proceso que se adelanta por el carrusel de contrataciones. 

Nuevamente, el 20 de mayo fue aplazada la audiencia contra Iván Moreno. Esta vez, Una cefalea (fuerte dolor de cabeza) fue la nueva causa que le impidió al senador Iván Moreno Rojas presentarse en el proceso disciplinario que se adelantaba en su contra por el carrusel de las contrataciones. 

El 7 de julio por primera vez la audiencia contra Moreno avanzó sin testigos claves. Por problemas de comunicación y notificación no se presentaron algunos de los testigos, entre esos el exembajador en Venezuela José Fernando Bautista, quien es uno de los principales testigos ante las presuntas presiones de la administración distrital para entregar licitaciones de contratos viales en la Capital. 

Ante la Procuraduría General de la Nación, el 1° de agosto un testigo confirmó presiones de Iván Moreno en entrega de contratos. El empresario Carlos Collins afirmó haber sido testigo de las presiones ejercidas por el senador Iván Moreno Rojas, quien -dijo- intercedió ante la junta directiva de la concesión Bogotá-Girardot para beneficiar a su esposa para que se le diera el manejo de estaciones de gasolina. 

El 25 de agosto de 2011, el excongresista liberal Germán Olano aseguró que Iván Moreno recibió 4 mil millones de los Nule. Olano sustentó que en una oportunidad el empresario Manuel Nule le contó que el grupo empresarial (de los Nule) le entregó al Senador Iván Moreno Rojas una suma superior a $4.000 mil millones de pesos, para que los ayudara a beneficiarse con la entrega de tres contratos viales en Bogotá. 

Además de los acusaciónes por el carrusel de contratación en la capital, el 16 de noviembre el desmovilizado jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, declaró ante la Corte Suprema de Justicia que el suspendido senador Iván Moreno Rojas, se habría reunido con el jefe del bloque central Bolívar para concertar acuerdos políticos, durante las negociaciones de Santa Fe de Ralito. 

No obstante, el 8 de enero de 2012 la Corte Suprema de Justicia inició investigación preliminar contra Samuel e Iván Moreno Rojas por presuntamente estar involucrados en el denominado ‘carrusel’ de desfalcos al sector salud en Bogotá. 

El 16 de enero la audiencia de lectura de fallo contra el suspendido senador, en el proceso disciplinario que se le sigue por el denominado ‘Carrusel’, fue aplazada para el viernes 20 de enero, porque el abogado Jaime Araújo Rentería, defensor del exsenador, se encontraba en los Estados Unidos. 

Cuatro días más tarde la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al exsenador Rojas, tras considerarlo responsable de haber solicitado, a través del abogado Álvaro Dávila, una comisión del 6% a los integrantes del Grupo Nule, para interceder en la adjudicaciones de tres contratos en Bogotá, entre los que se destacaban los de la fase III de Transmilenio. 

Luego de que la defensa del destituido congresista sustentara durante 6 horas y media el recurso de reposición, en busca de que anularan el proceso contra su defendido, el 21 de enero el Procurador General de la Nación ratificó la sanción de 20 años. 

El 17 de marzo de 2012, luego de seis horas de deliberación, fue aplazada para el 21 de marzo la audiencia preparatoria que se realizaba en la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, contra el excongresista. 

Por tercera vez se aplazó el comienzo del juicio en la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Iván Moreno Rojas, el 28 de mayo de ese año. Ese día Moreno pidió $772 millones para no demandar al Estado, argumentando daños y perjuicios. 

Dos días después Moreno solicitó dos meses de plazo para terminar de conocer el material probatorio del proceso que se le adelantaba por el llamado escándalo del ‘carrusel de la contratación. 

El 5 de junio de 2012 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fijó para el 8 de agosto a las 10 de la mañana la reanudación del juicio contra el exsenador. Fue aplazado el inicio del juicio nuevamente para el 10 de ese mes. 

Con la intervención en calidad de testigo, del exdirector jurídico y técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Inocencio Meléndez, el 10 de agosto, se retomó el juicio contra el exsenador Iván Moreno Rojas. 

Por razones administrativas internas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue aplazada por quinta vez para el 3 de diciembre de 2012 la reanudación del juicio contra el exsenador Iván Moreno Rojas. 

Para el 12 de marzo de 2013, el Consejo de Estado le quitó la investidura al senador Iván Moreno Rojas, dentro del proceso que esa corporación le adelantaba por los delitos de violación al régimen de incompatibilidades y tráfico de influencias. 

El Alto Tribunal dejó en firme la pérdida de investidura del exsenador, tras rechazar el 30 de mayo la nulidad que éste había presentado en contra del fallo que le decretó la muerte política. 

El 2 de septiembre la Corte Suprema agravó los delitos a Iván Moreno. La Sala Penal de la Corte Suprema modificó las infracciones por los que había sido juzgado, por su presunta participación en el ‘Carrusel de la Contratación’. 

La corte rechazó el 16 de septiembre una solicitud de nulidad que había interpuesto la defensa del exsenador en contra de la decisión de la Corte, en cuanto a que modificaba los delitos por los que es juzgado, por su presunta participación en ‘Carrusel de la Contratación’. Además, 11 días después negó una petición de libertad que había solicitado. 

Finalmente, este 27 de octubre la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión a Iván Moreno Rojas, por su responsabilidad en el denominado ‘Carrusel de la Contratación’. 

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