David Barguil - Colprensa
viernes, 31 de marzo de 2023
Se trata de la exsenadora Sandra Villadiego y el exrepresentante Raymundo Méndez por tráfico de influencias y cohecho propio
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encontró mérito probatorio para continuar la investigación contra la exsenadora Sandra Helena Villadiego y el exrepresentante Raymundo Elías Méndez Bechara por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio.
Corte Suprema abre investigación contra David Barguil por presunto tráfico de influencias
Los hechos están relacionados con las investigaciones y la indagatoria realizada el pasado 8 de marzo por el exsenador y excandidato presidencial, David Barguil, aunque los casos se llevan de manera independiente en su investigación.
De acuerdo con el alto tribunal, los hechos están relacionados con la supuesta influencia de los excongresistas ante el Gobierno Nacional para conseguir dineros de los denominados cupos indicativos durante 2016 y 2017.
El objetivo de los exlegisladores era que esas partidas presupuestales se destinaran a financiar proyectos del municipio de Galeras (Sucre). Según la Corte, esos dineros supuestamente fueron gestionados de manera ilícita por los excongresistas, a cambio de recibir una contraprestación económica acordada con el mandatario municipal.
La Corte manifestó que no fue necesaria la imposición de medida de aseguramiento para Villadiego ni para Méndez Bechara, por lo cual se abstuvo de ordenar su detención, pero sí encontró elementos suficientes para seguir la investigación en su contra.
El caso
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el exalcalde de Galeras (Sucre) Remberto Javier Amell, en sus funciones como mandatario del municipio entre 2016 y 2019, acudió presuntamente al exsenador David Barguil para que mediara ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS), de modo que el municipio recibiera recursos del orden nacional, con el propósito de reparar la malla vial del municipio.
Según la información del ente acusador, el Gobierno Nacional utilizó el cupo indicativo a los congresistas y le asignó más de $13.000 millones para las obras, de los cuales 15% habría salido para los congresistas.
La Fiscalía aseguró que hay evidencia de que se habría reducido el tiempo de la licitación para que otras empresas no pudieran participar en el proceso. Además, habrían presentado ofertas falsas para facilitar el camino de quienes finalmente se quedaron con los contratos.
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