Colprensa Miércoles, 17 de mayo de 2017

Dicho decreto señalaba que para poder ampliar la planta de personal, era necesario exceptuar a esa entidad de la prohibición que impide que los gastos en la planta de personal de las entidades públicas no supere, en promedio, el 90 % de la meta de inflación esperada cada año.

El Gobierno argumentaba la necesidad de este decreto porque el Acuerdo crea un Programa de Protección Especializada para proteger a los integrantes del nuevo partido que creen las FARC, así como a los desmovilizados y esto requiere cambios en la Unidad, que realizó en seis decretos.

El magistrado ponente Alejandro Linares había proyectado una ponencia que pedía valar el decreto, al estimar que era necesario para poder implementar el Acuerdo, pero su posición no fue acogida y la norma fue declarada inexequible por estimar que debió tramitarse como una ley orgánica.

En este caso, la Procuraduría había pedido dar el aval a ese decreto al estimar que este no incurría “en ninguna de las prohibiciones impuestas al Ejecutivo para el uso de las facultades presidenciales para la paz, y además se cumple el criterio de estricta necesidad”.