• Diego Carranza Agudelo

miércoles, 22 de marzo de 2017

Un bufete español (Cremades) y otro estadounidense (Sidley), pero ambos con amplia experiencia llevando a cabo este tipo de conflictos en instancias internacionales. El primero, con  presencia en siete países, cuatro de los cuales están en América Latina (incluyendo a Colombia); y el segundo con una trayectoria de 150 años en el sector legal y con sede central en Chicago. 

La firma de abogados española fue la que presentó en días pasados un informe a la Ocde  alertando sobre la seguridad jurídica del país, en el que contempla que la decisión del Gobierno Nacional muestra “un serio retroceso” para las inversiones. Suceso que desató la reacción del Ministerio de Comercio para designar al bufete estadounidense como el defensor del Estado colombiano. 

Sin embargo, Cremades aseguró a AL que todavía “no somos el despacho que defiende a Gas Natural Fenosa”, pues la decisión final sobre la representación ante el tribunal de arbitramento no se ha tomado todavía.  Y es que este no sería el primer caso de este tipo del bufete español. Uno de los que actualmente lleva, y que destaca por sus similitudes con el de Electricaribe, es el de la defensa de los minoritarios de Repsol ante las actuaciones del Gobierno de Argentina que calificaron de hostigantes y con miras hacia la expropiación de las acciones de YPF, propiedad de la multinacional energética.

Por el otro lado, la selección de Sidley Austin para defender a Colombia, que confirmó ayer la propia ministra Comercio, María Claudia Lacouture, también deja al país en manos experimentadas. La presencia de la firma en diferentes países de Europa, Asia y, por supuesto, América, ha estado marcada representando grandes firmas como Hewlett Packard, Takeda o PayPal en conflictos internacionales, aunque principalmente con otras marcas. “Hemos hecho un proceso de selección juicioso de abogados a nivel internacional. Hoy contamos con el acompañamiento de Sidley, una firma que está en diferentes países y que ha estado en múltiples controversias y disputas internacionales, y, por ello, conoce este tipo de disputas”, afirmó la ministra.

Sin ventaja de las partes

De acuerdo con el abogado internacionalista y socio de Rincón-Cuellar & Asociados, Nicolás Lozada, la posibilidad de ganar en el proceso arbitral es exactamente igual para cada una de las partes, teniendo en cuenta los argumentos que cada una presenta.

“Colombia ha actuado con el derecho a la libertad regulatoria, eso es lo que está tratando de demostrar: que el servicio era de pésima calidad, que no había continuidad, entre otras cosas. Mientras que la compañía está alegando que le dieron la compañía en bancarrota, que el Estado nunca le permitió cobrar su cartera y que no se les dio la ayuda que necesitaban. En ese sentido, aunque es apresurado dar un veredicto, la situación estaría en un 50-50”, explicó.

No obstante, la razón por la que Fenosa eligió un tribunal de la ONU antes que el Ciadi es, precisamente, porque podría tener más oportunidades en este que en el otro. De acuerdo con el experto, una de ellas es que la Cnudmi cuenta con 52 tribunales de arbitramento en el mundo, en los cuales se puede dirimir el conflicto.

En caso de buscar una anulación de la decisión final, a quién deberían acudir sería a un juez del país en el que se haya decidido resolver el conflicto, por lo que, dependiendo de las leyes de cada lugar, la decisión podría ser más o menos fácil de tomar. Esto porque la Comisión de la ONU no es un tribunal en sí mismo, sino que dicta un reglamente sobre el cual se debe basar la resolución de conflictos, que normalmente dura dos años. Por el contrario, al ser el Ciadi un tribunal, la anulación le competería a un juez de la misma instancia internacional. 

Antecedentes

Después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de Electricaribe debido a que “la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad que se requiere”, Gas Natural Fenosa decidió presentar la demanda con la que reclama más de US$1.000 millones de indemnización, debido a que considera que la decisión del país los perjudicó. La ministra de Comercio afirmó que “la intervención no es una nacionalización ni una expropiación. El Gobierno colombiano está garantizando la prestación de un servicio esencial”.

Las opiniones 

María Claudia Lacouture
Ministra de Comercio, Industria y Turismo
“Después del proceso de selección, contamos con el acompañamiento de Sidley, una firma internacional que ha estado en múltiples controversias y disputas internacionales, y, por ello, las conoce”. 

Nicolás Lozada
Socio de Rincón-Cuellar & Asociados
“Aunque es apresurado dar un veredicto, la situación estaría en un 50-50, porque cada parte está presentando  argumentos pertinentes para explicar su punto de vista respecto a la decisión”.