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Daniel Rojas Castañeda - drojas@larepublica.com.co lunes, 18 de mayo de 2020

La Magistrada señaló que la decisión tiene que ver con la posibilidad de que ella haya podio ser víctima de las interceptaciones ilegales

La magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, decidió apartarse del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, luego de haber señalado que existía  la posibilidad de ser una de las tantas víctimas de las interceptaciones por parte del ejército.

La decisión de declararse impedida, esta siendo estudiada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la cual es quien definirá a partir de las razones si ella definitivamente puede apartarse de la investigación.

En lo que lleva su investigación, la magistrada Lombana ordeno la inspección del batallón de contrainteligencia del Ejército ubicado en Facatativá (Cundinamarca) y la declaratoria de ocho oficiales.

La investigación que lleva adelante tiene como fin revelar si existió o no una relación entre el expresidente Álvaro Uribe y el hacker Andrés Sepúlveda, quien realizó actividades ilegales encaminadas a entorpecer el proceso de paz e intercepto ilegalmente las conversaciones de los negociadores de la Habana.

A principios del año,  Lombana ya había sido criticada porque figuraba como militar activa del Ejercito y al mismo tiempo magistrada de la corte, pero  no llegó a declararse impedida cuando a su despacho llegó el proceso de presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe.

Muchos  consideraba que debía apartarse del proceso por que había integrado las Fuerzas Militares siendo Álvaro Uribe presidente de Colombia.

Sepúlveda había solicitado que se evaluara su pena fallada en 2015, en la que se la acusó por el delito de concierto para delinquir. Pidió que se evaluaran otros fallos judiciales de personas quienes también estaban implicadas en el caso. Sin embargo, la Corte ya había señalado que dentro del preacuerdo con la Fiscalía había señalado su culpabilidad dentro de ese y otros casos. Actualmente el hacker  paga una condena de 10 años.

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