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Carlos Eduardo González - cgonzalez@larepublica.com.co Jueves, 18 de mayo de 2017

Según el texto presentado por el jefe de la cartera, una de los grandes cambios del proyecto es que, a partir de 2019, las listas a las elecciones para la rama legislativa serán cerradas, el Estado financiará indirectamente la propaganda electoral, se prohíbe a las campañas contratar transporte para el día de elecciones, se prohíbe a las campañas mover dinero en efectivo (todo se hará a través del sistema financiero), y los particulares podrán aportar pero deberán rendir cuentas públicamente. 

Además, se contemplan sanciones por violar estas disposiciones, las cuales tendrán responsabilidad penal para particulares, gerentes de campañas, directores de partidos y candidatos. Por su parte, los candidatos que violen estas disposiciones perderán su investidura. 

También se conoció que el proyecto creará el Consejo Electoral Colombiano, que “será un organismo independiente que tendrá algunas funciones jurisdiccionales sin ser parte de la rama judicial”.

Sus funcionarios, que estarán encargados de resolver las impugnaciones sobre inhabilidades y fraude electoral, serán elegidos mediante cooptación.

De igual manera, este órgano tendrá “una unidad de policía judicial para controlar temas de financiación y campañas y seccionales departamentales con capacidad de investigación en el terreno”.

El ministro también anunció que se castigará penalmente a los representantes legales de los partidos que violen la norma.

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