Cuatro empresas de la San Martín son investigadas

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, anunció que la entidad a su cargo abrió una investigación en contra de C.I Gloma SA; Alvear Orozco (en liquidación), Prodomed Ltda; y Gráficas San Martín Ltda por posibles irregularidades fiscales y administrativas y vínculos con la Fundación Universitaria San Martín y la familia Alvear.

“A partir de una serie de visitas a estas compañías para establecer si cumplían o no con las normas legales relativas a la organización de sus sociedades, sus prácticas contables, libros y archivos; establecimos la informalidad de sus registros, ya que la información no coincidía con la reportada, además algunas, ni tenían sedes y solo era un lote. Esto nos dio a entender que no existían”, señaló Reyes.

Una vez practicadas las visitas que dieron como resultado una imposibilidad de identificar los libros contables de estas sociedades, sus estados financieros e incluso la ausencia de funcionarios de representación legal que pudieran dar explicación satisfactoria sobre los hechos; la Superintendencia abrió una investigación en contra ellas.

Dentro de las determinaciones de la Superintendencia está el requerimiento de información sobre aspectos jurídicos y contables y en caso de que no sean suministrados acorde a un tiempo determinado; la entidad podrá remover a los administradores y revisores fiscales y si es necesario decretar la liquidación de estas cuatro compañías.

Según Reyes, las medidas de sanción para estas cuatro sociedades, se tomarán en el curso de las próximas semanas, de acuerdo a la repuesta que den y le advierten a los empleados y directivos, que a partir de entrada la investigación, se prohíbe la constitución de garantías que recaigan sobre los bienes propios de la sociedad y enajenaciones u operaciones que no correspondan al giro ordinario de sus negocios, esto sin previa autorización de la Superintendencia.

La entidad anunció que declarado el control de las empresas “adquiere amplias facultades de fiscalización, dentro de las que se cuentan la de requerir información sobre aspectos jurídicos y contables y exigir autorización para cualquier modificación o reforma estatutaria o capitalización de la sociedad”.

Adicionalmente, la ley establece que a partir de esta investigación ninguna compañía está autorizada para la constitución de garantías que recaigan sobre “bienes propios de la sociedad y enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia de Sociedades”, según se registra en el comunicado de prensa.