De cada 10 emprendimientos, tres resisten a las regulaciones que hay en el país

Hoy se celebra el Día Mundial del Emprendedor, y más allá de las discusiones sobre la reducción de impuestos, el ecosistema empresarial en Colombia se enfrenta a una presión provocada por ciertos trámites que en ocasiones son las razones para que los emprendimientos no prosperen.

De acuerdo con Confecámaras, las microempresas colombianas tienen una tasa de supervivencia de 33,5% en sus primeros cinco años de existencia. Mientras que por el lado de las pequeñas empresas es de 60,9%, y de las medianas empresas es de 73,7%. Además, las Mipymes son las que constituyen 99,5% del tejido empresarial del país y emplean a aproximadamente 65% de la fuerza laboral en el país.

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Al cierre del año pasado se registraron 311.688 nuevas matrículas, y según datos de Confecámaras, la creación de sociedades aumentó 3,97% frente a 2024.

Los retos de los emprendedores

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El obstáculo principal para que un negocio prospere es la obligación de reportar múltiples veces la misma información a diversas oficinas del Estado, una redundancia que consume tiempo y recursos.

En el primer año de vida, el error legal y financiero más común es ignorar la diferencia entre el dinero que entra a la cuenta bancaria y la utilidad real del ejercicio. Muchos emprendedores utilizan el dinero destinado a los impuestos para cubrir sus gastos diarios operativos, una práctica que suele derivar en la quiebra definitiva del proyecto.

El abogado Leonel Moyano, tributarista en Foccus Consultores, explicó que el problema de fondo es la falta de comunicación efectiva entre las entidades públicas. Según el experto, el sistema tributario colombiano actual está desarticulado y obliga a los dueños de negocios a cumplir tareas manuales que ya deberían estar resueltas mediante la tecnología estatal.

Moyano citó como ejemplo crítico la información exógena, donde la Dian exige reportes detallados de ventas que ya conoce de antemano gracias a la facturación electrónica.

Por su parte, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, había encendido las alarmas sobre nuevas amenazas legales. El gremio señaló específicamente que el Decreto 234 pone en serio peligro la sostenibilidad de las Mipymes.

Este decreto introduce un modelo de negociación colectivo por niveles que, según Acopi, traslada cargas económicas y administrativas imposibles de soportar para un pequeño empresario. El riesgo latente es que se impongan condiciones salariales y prestacionales diseñadas para grandes corporaciones a negocios que apenas están en etapa de arranque. El gremio manifiestó que estas nuevas reglas obligarían a miles de pequeñas empresas a someterse a acuerdos sectoriales que ignoran su realidad financiera particular. Esto elimina la flexibilidad necesaria para que los emprendedores ajusten sus costos de personal de acuerdo con su capacidad real de caja y los niveles de productividad del negocio.

Acopi también criticó que el Gobierno aumente las cargas administrativas al exigir intercambios constantes de información económica. Para una microempresa, estas exigencias se traducen en la necesidad de contratar personal contable o legal adicional que no pueden permitirse económicamente.

El flujo de caja y el IVA

Desde la perspectiva financiera, el abogado advierte que una gran parte de los emprendedores ven el recaudo del IVA como dinero propio disponible para la operación. Al gastar estos recursos que pertenecen al Estado, crean un vacío de liquidez que se vuelve impagable cuando vencen los plazos de las declaraciones oficiales ante las autoridades. Esta falta de planeación tributaria desde el día uno genera una bola de nieve de deudas, sanciones e intereses moratorios que asfixian el crecimiento.

Sobre el Régimen Simple de Tributación, Moyano aclaró que ya no representa una ventaja automática para todos los perfiles de negocio. Las reformas tributarias más recientes y el aumento en la vigilancia estatal han reducido el margen de ahorro que esta herramienta ofrecía cuando se lanzó originalmente.

Acopi también ha insistido en que no se puede tratar a un emprendedor con la misma rigurosidad que a una multinacional, ya que las capacidades de gestión son radicalmente distintas.