La decisión del ente acusador se toma luego de que la entidad estableciera que presuntamente varios empresarios, buscando seguridad financiaron a las autodefensas; sin embargo aún Fiscalía no identifica qué empresarios habrían tenido vínculos con el grupo armado, por lo que se declaró como un crimen de lesa humanidad para que el delito no prescriba.
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