Defensoría advierte riesgos en transición por cierre del Ministerio de Igualdad

Tras la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, ordenada mediante el Decreto 626 de 2026 por haberse cumplido el plazo de la Corte Constitucional, se motivó un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, en donde advirtió que el traslado de las políticas de esta cartera hacia el Ministerio del Interior y el Departamento para la Prosperidad Social se realiza bajo un criterio de costo cero.

Según la entidad, esta modalidad genera dudas sobre la capacidad técnica, presupuestal y de coordinación necesaria para dar continuidad a los programas existentes.

Entre las principales preocupaciones institucionales se encuentra la posible interrupción de fondos estratégicos como No es Hora de Callar, Todos Somos PAZcífico y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad.

También, la Defensoría señaló que la transición compromete la ejecución de las políticas Conpes aprobadas entre 2022 y 2025 relativas a la equidad de género, el sistema de cuidado y los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

El documento emitido detalla que la desaparición del Viceministerio de las Mujeres deja sin una instancia competente definida las tareas de prevención, atención y sanción de violencias de género. El organismo teme que los equipos técnicos y los espacios de interlocución con las organizaciones sociales queden desarticulados, afectando la atención a poblaciones vulnerables, jóvenes, personas con discapacidad, migrantes, comunidades campesinas y pueblos étnicos.

A este panorama se añadió la postura del Comité de Expertas de la Organización de los Estados Americanos, el cual recordó al Estado colombiano la obligación de respetar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Este marco internacional exige que las reformas administrativas y los cambios de gobierno no desmantelen los avances institucionales previamente alcanzados en favor de las mujeres.

Frente a la situación actual, la Defensoría exigió al Poder Ejecutivo el diseño urgente de una ruta de transición clara que defina las entidades receptoras de cada función y su respectivo respaldo económico. Del mismo modo, solicitó a los ministerios de Interior y Hacienda, junto a Prosperidad Social, adoptar medidas administrativas estrictas para evitar la pérdida de prioridad política y presupuestal de estas agendas prioritarias.