• Alejandra Rico Muñoz

martes, 30 de mayo de 2023

La Defensoría del Pueblo le propuso a los gobernadores del país trabajar en conjunto con el Sistema de Alertas Tempranas

La Defensoría del Pueblo lanzó el ‘Plan integral de atención y prevención del escenario de riesgo electoral’ cuyo objetivo se centra en atender lo que han enfrentado, y pueden enfrentar, las comunidades en el desarrollo de las campañas.

"Los verdaderos gestos de paz no se construyen sobre la base de las amenazas, ni mucho menos generando temor y zozobra a quienes democráticamente desean participar en los comicios regionales de octubre próximo. Rechazamos las recientes declaraciones del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que cada vez más, con anuncios de esta naturaleza, se aparta de lo que por décadas han clamado los colombianos: tener tranquilidad y paz en sus territorios, poder movilizarse libres de eventuales represalias no solo en época electoral, sino en cualquier época del año", afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Agregó que le propusieron a los gobernadores del país trabajar en conjunto con el Sistema de Alertas Tempranas para advertir las posibles vulneraciones de derechos humanos y enfrentar todas las situaciones que "maniatan a candidatos, partidos y población en general en los territorios”, dijo Camargo.

Señaló que continuar construyendo la alerta temprana nacional, dada la coyuntura y a la que se comprometieron todos los gobernadores, es clave para impedir que los grupos armados ilegales impongan su “ley”. “Ningún actor armado puede cercenar los derechos de los colombianos a elegir y ser elegidos. No podemos permitir que los criminales se salgan con la suya en el marco de un certamen democrático”.

La posición del Estado Mayor Central (EMC) radica en que ninguna persona puede hacer campaña en las zonas del suroccidente y sur del país donde delinquen sus hombres armados, con el argumento de que su líder guerrillero, alias Iván Mordisco, no estuvo de acuerdo con la reciente decisión del Gobierno Nacional de dar por terminado el cese al fuego con esa disidencia en los departamentos del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. El anuncio del Ejecutivo se debió al reclutamiento y asesinato de cuatro menores de edad del pueblo indígena Murui, hecho que fue condenado por la Defensoría del Pueblo.

“Cualquier acción criminal contra líderes políticos que pueda afectar la legítima labor electoral de quienes están en las regiones o, en el peor de los casos, su integridad o vida tiene que ser evitada por las autoridades competentes. El respeto a la libre movilidad y a todos los derechos enmarcados en la contienda electoral no pueden ser violentados por ningún actor armado en el territorio nacional”, aseguró Camargo.

Agregó que es inadmisible pretender ejercer presión a los candidatos en las regiones para que no reciban apoyo de los partidos partidos políticos tradicionales. “Un exabrupto de esta magnitud es limitar las campañas que ya vienen siendo adelantadas en varias zonas, incluidas las regiones del occidente y sur del país donde hace presencia el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Es querer ponerle freno al ejercicio libre de la democracia”.

El Defensor del Pueblo finalizó diciendo que “el ‘Plan integral de atención y prevención del riesgo de escenario electoral’ es la hoja de ruta para lograr hacer un frente común que proteja los derechos de los colombianos”.