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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co miércoles, 25 de septiembre de 2013

La primera demanda contra el Pacto de Bogotá fue presentada el pasado 15 de agosto por Carlos Borrero González, un ingeniero que hace más de 20 años trabaja en asuntos jurídicos. Luego fueron instauradas dos más, una de esas por el presidente Juan Manuel Santos también en calidad de ciudadano.

Ambos recursos pretenden que la Corte Constitucional le dé a Colombia argumentos legales con los cuales no acatar el fallo limítrofe de la Corte Internacional de La Haya que favorece a Nicaragua. La polémica que se abriría, en caso de que la decisión sea favorable, es: ¿puede una decisión de la primera tener mayor alcance que la segunda?

Borrero asegura que la demanda no es una pataleta de ahogado y que, en ese sentido, la puerta está abierta porque en la Constitución no está claro si el derecho internacional es superior al supremo del país. “Pero sí lo es que la Constitución es el poder supremo que nos rige. Para nosotros no hay nada por encima de esta, sin que esto elimine la existencia de decisiones de la Corte Internacional”.

¿Cuáles son los fundamentos de la demanda?
Son seis. Entre esos, hasta qué punto un juez internacional es competente para resolver asuntos jurídicos entre los países firmantes del Pacto de Bogotá, como los derechos humanos, y si hay un punto sensible al respecto es el territorio. Nuestra Constitución dice que en asuntos trascendentes, los colombianos deben participar en esas decisiones. Y con la decisión de la Corte Internacional, a mi juicio, se afectan derechos humanos fundamentales. Además, la Constitución dice que los límites territoriales los aprueba el Congreso. Aquí sucede es que el Pacto de Bogotá le permite a un juez internacional tomar una serie de decisiones que nos afectan. Pero hay otros tratados internacionales, incluso superiores, que buscan respetar los derechos de las comunidades raizales e indígenas y colisionan con el Pacto en esas decisiones.

Pero el pacto es anterior a la Constitución del 91…
La Constitución eliminó del ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad de que una corte internacional de justicia tomara decisiones que afectaran nuestros derechos fundamentales y nuestros límites territoriales. El efecto es que lo que actuado a partir del 91 con relación a jurisdicciones internacionales que llevaran a decisiones así, es inconstitucional. De alguna manera hubo borrón y cuenta nueva. Las normas anteriores que rigen, es porque no son contrarias.

¿Entonces por qué el Pacto de Bogotá sigue vigente?
El Pacto habla en abstracto de conflictos entre los países. Lo que decimos es que sigue vigente, pero cualquier decisión que sea contrario a los textos constitucionales, no es aceptable.

¿Una decisión favorable no choca con que nos sometimos?
Habría un choque de trenes entre una decisión de la Corte Constitucional en defensa de la Constitución colombiana y en defensa de los derechos humanos universales, frente a una decisión internacional eventualmente violatoria de esos mismos derechos. La pregunta es: ¿cuál de los dos derehos internacionales debe acatarse?

¿Demandas como la suya no son ya pataletas de ahogado?
No. En el derecho existen muchos recursos y vacíos. Decir que estas demandas son patadas de ahogado, sería un poco reconocer nuestra incompetencia. Yo creo que existen instrumentos jurídicos para atajar decisiones de la Corte Internacional que violen nuestro territorio. A quienes piensan así, les preguntaría si están de acuerdo que se aplique esa decisión, reconociendo que se violan derechos fundamentales.

Su demanda, al igual que la del Presidente, da la sensación de que a la ciudadanía le tocó hacer lo que el Estado no hizo…
Creo que el Gobierno Nacional y nuestras instituciones hicieron lo que se podía y debía, a la luz de las reflexiones jurídicas del momento. También quiero pensar que eran tan claros los tratados internacionales suscritos por Colombia, que no estaban sujetos a conflictos. Lo interesante es que la Constitución invita a que estas situaciones sean atendidas y conocidas por los ciudadanos. También diría: ¿por qué a nosotros los ciudadanos no se nos ocurrió presentar antes una demanda como esta? Lo cierto es que todos los ciudadanos deberíamos estar más atentos a participar en las decisiones, antes que nos afecten.

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