Demanda judicial aseguraría pagos de EPS intervenidas a hospitales del Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, interpuso una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del departamento con el objetivo de proteger el derecho a la salud de los habitantes de la región. Esta medida judicial surge como respuesta a las dificultades en el flujo de pagos de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, intervenidas por el Gobierno nacional hacia la red de prestadores públicos y privados.

Según la administración seccional, la falta de cancelación oportuna de las obligaciones financieras ha afectado la continuidad de los servicios médicos locales de manera progresiva.

El recurso legal detalla que la acumulación de deudas por parte de las entidades aseguradoras ha impactado la estabilidad operativa de los centros hospitalarios de diferentes niveles de complejidad.

Como consecuencia de este desequilibrio financiero, se registra la suspensión de aproximadamente 2.000 servicios de atención y la desvinculación de cerca de 2.400 trabajadores del sector asistencial. Además, el reporte técnico señala un incremento significativo en la tasa de ocupación de las áreas de urgencias y hospitalización, lo que limita la capacidad de respuesta institucional.

La demanda vincula formalmente al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, y a múltiples EPS bajo administración estatal.

A través de la acción legal, la Gobernación solicita la adopción de medidas cautelares urgentes que obliguen a las entidades demandadas a estructurar planes de saneamiento de cartera y cronogramas de pagos fijos. También, se requiere garantizar el suministro continuo de insumos médicos y fórmulas farmacológicas a los usuarios afectados.

Los informes de la Secretaría de Salud del departamento indican un incremento constante en las reclamaciones administrativas y las acciones de tutela interpuestas por los ciudadanos entre 2020 y 2026 debido a barreras en el acceso a consultas y tratamientos especializados.

Los datos consolidados muestran que una proporción mayoritaria de la cartera vencida de la red hospitalaria pública corresponde a las obligaciones pendientes de las EPS intervenidas. Ante este escenario, las autoridades regionales argumentan que las gestiones ordinarias ante el nivel central han resultado insuficientes para resolver la saturación de los servicios asistenciales de mediana y alta complejidad.

Para mitigar el impacto inmediato en la atención a la población, el gobierno departamental ha destinado fondos propios fuera del sistema general de seguridad social destinados a financiar las nóminas de las Empresas Sociales del Estado.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca deberá evaluar los argumentos expuestos para definir la viabilidad de las medidas estructurales y de las mesas técnicas de seguimiento solicitadas por la demandante. La asignación presupuestal y el flujo oportuno de las transferencias financieras constituyen los puntos principales de la controversia judicial.