En el documento, Ramírez señala que el Ministerio habría usurpado funciones del Congreso pues, en su criterio, este asunto debía ser reglado por una ley estatutaria.
De acuerdo con Ramírez, aunque el decreto 2467 de 2015 tiene presunción de legalidad, con el mismo realmente se está beneficiando a un pequeño sector económico y social.
El proyecto busca modificar las reglas de conflicto de interés y abrir la puerta para que los parlamentarios impulsen iniciativas de inversión en sus regiones
