En el documento, Ramírez señala que el Ministerio habría usurpado funciones del Congreso pues, en su criterio, este asunto debía ser reglado por una ley estatutaria.
De acuerdo con Ramírez, aunque el decreto 2467 de 2015 tiene presunción de legalidad, con el mismo realmente se está beneficiando a un pequeño sector económico y social.
Este nuevo análisis le proporcionará al Estado una nueva forma de brindar los recursos que cada año se dirigen a las Instituciones de Educación Superior
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