Desde hace 15 años, un ministro de Justicia dura en promedio 13,2 meses en el cargo

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Luego de la salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia, Eduardo Montealegre, exfiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional, asumirá como nuevo jefe de esa cartera.

Con su llegada, Montealegre será el tercer ministro de Justicia durante el Gobierno de Gustavo Petro, tras la salida de Néstor Osuna y de Ángela María Buitrago. También se convierte en el ministro número 14 en ser nombrado en los últimos 15 años.

Desde 2010, un ministro de Justicia dura en promedio 13,2 meses en su cargo. Néstor Osuna, predecesor de Buitrago, es quien más ha estado en el puesto en los últimos 15 años, con un total de 23 meses.

Luego está Wilson Ruiz, quien fue ministro de Justicia durante el Gobierno Duque, y estuvo en el cargo durante 22 meses; en el listado sigue Yesid Reyes, ministro del expresidente Juan Manuel Santos, con 20 meses.

La polémica por la consulta

Montealegre recientemente habló a los medios de comunicación sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular vía decreto,, luego de que la iniciativa recibió la negativa del Congreso el pasado 14 de mayo, con 49 votos por el no y 47 por el sí en la plenaria del Senado.

El nuevo ministro aseguró que la Presidencia encontró que, en el trámite del Congreso para aprobar la consulta popular, hay vicios de inconstitucionalidad que son insubsanables y que hace inexistente la decisión del parlamento. “En ese caso, como la decisión del legislativo no existe, el presidente puede convocar vía decreto la consulta popular”.

Su espaldarazo a la decisión de Petro de decretar la consulta popular lo hizo en compañía de Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y Yefferson Dueñas.

Llega a reemplazar a Ángela María Buitrago, quien salió del gabinete del Gobierno Petro en medio de polémicas y luego de denunciar presiones e injerencias del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Su renuncia se hizo efectiva desde el 1 de junio de este año, hace apenas una semana.

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La polémica no para ahí. Recientemente, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció a través de su cuenta de X que el nuevo ministro habría recibido más de $1.788 millones para que respalde jurídicamente la convocatoria vía decreto de la consulta popular. Una situación con la que difieren la mayoría de los constitucionalistas del país.

El concejal también aseguró que poner a Eduardo Montealegre como ministro para que sea el garante de la justicia en Colombia es como poner a Olmedo López a cuidar de los recursos públicos. “Una absoluta vergüenza”, dijo.

El ministro Benedetti defendió el nombramiento de Montealegre y dijo que fue fiscal general de la Nación y presidente de la Corte Constitucional. “Yo creo que él va ayudar mucho en hacer una reforma a la justicia, ya que el sistema acusatorio está menguado y debe fortalecerse. Es una persona inteligente, capaz y nadie puede decir lo contrario. Gracias a esas asesorías y a esa comunicación que hubo fue que surgió la idea de decretar la consulta”.

Su predecesora Buitrago dejó casi toda la tarea hecha con respecto a la reforma a la justicia. La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó en último debate la Reforma a la Justicia, que modifica normas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal con el objetivo de reducir la congestión judicial, evitar la prescripción de procesos y reconfigurar la relación entre las partes del proceso penal.

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El texto fue aprobado por la plenaria de la Cámara con un total de 96 votos a favor y sin votos en contra. El proyecto pasa ahora a etapa de conciliación entre Senado y Cámara antes de llegar a la sanción presidencial.

Contiene 13 artículos orientados a acortar los tiempos procesales, garantizar los derechos de las víctimas, optimizar el uso de recursos judiciales y descongestionar las cárceles.