viernes, 17 de enero de 2014
A la lista de autoridades que tienen la lupa puesta sobre la Drummond, se sumó la Procuraduría General de la Nación. El organismo dio a conocer ayer que, “en ejercicio de su función preventiva, dispuso una vigilancia especial para el seguimiento de la situación ambiental del área de influencia de las operaciones de cargue de la multinacional”.
El anuncio del ministerio público se conoce a los dos días de que la contralora General de la Nación, Sandra Morelli Rico, informó sobre la apertura de tres investigaciones contra la carbonera. Las pesquisas determinarán si la norteamericana es responsable o no de detrimentos patrimoniales al Estado que suman $183.998 millones.
La Superintendencia de Puertos y Transporte había multado antes a la compañía con $1.540 millones. La cifra es el total de las multas diarias, por los cinco días que continuó usando barcarzas para el cargue y descargue de carbón, a pesar de que el primero de enero de este año entró en vigencia la norma que lo prohibe.
Ya en diciembre, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) habían multado a Drummond con $6.965 millones. El castigo pecuniario resultó luego de haber sido hallada culpable del desastre ambiental que el 13 de enero de 2013 causó el derrame de carbón de una barcaza, cerca de Santa Marta.
La Procuraduría General indicó que uno de sus objetivos es la supervisión de la investigación que adelante la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Corpamag), por la reciente aparición de una mancha de carbón en las playas de la capital de este departamento.
“Adicionalmente, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, este organismo de control le solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptar las decisiones que sean necesarias, para implementar un adecuado seguimiento al funcionamiento del sistema de cargue directo de carbón, que desde el pasado primero de enero se debe realizar en los puertos marítimos y fluviales del país”, agrega en su comunicado de prensa.
El ministerio público considera igualmente que su labor de vigilancia se facilitará, si hay una gestión coordinada de las autoridades que integran el Sistema Nacional Ambiental (Sina). “Se debe dar atención prioritaria a la red de monitoreo de calidad del aire, para que se cuente con el suministro de información oportuna y de calidad sobre este aspecto, fundamental para la salud de los habitantes de la Región”.
Actuaciones previas
En comunicaciones remitidas el 11 de marzo y el 28 de agosto de anteriores al Minambiente y a la Anla, la Procuraduría pidió conocer informes sobre la situación de la infraestructura portuaria.
Según el organismo, los requerimientos tenían como fin hacer un control sobre el plazo máximo establecido en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo para la implementación del sistema de cargue directo de carbón, y la prohibición del uso de barcazas.
“Se instó puntualmente a la Anla, en sede preventiva, para que implementara su discrecionalidad de manera que el plazo se cumpliera estrictamente por parte de todos los operadores”.
Por último, la Procuraduría aseguró que ejerció sus funciones de intervención en el proceso que derivó en la mencionada sanción contra la Drummond, por el derrame de carbón en el puerto de Santa Marta. “Y ha adelantado seguimiento permanente a la gestión de las autoridades ambientales competentes”.
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