Colprensa Sábado, 7 de diciembre de 2013

Una discusión jurídica con tintes políticos es la que parece que se está dando en el Consejo de Estado, respecto de la demanda de pérdida de investidura que cursa en contra de los 12 congresistas que hicieron parte de la Comisión de Conciliación de la fallida reforma a la Justicia.

La nueva disputa se originó luego de que la magistrada que lleva el caso, María Claudia Rojas Lasso, decidiera anular un auto de septiembre pasado en el que ordenó la práctica de una serie de pruebas y en uno nuevo ordenara otras, entre ellas el testimonio del presidente de la República, Juan Manuel SantosCalderón, para que explique por qué hizo una alocución sobre la fallida reforma y las razones que lo llevaron a objetar dicho acto legislativo.

En ese auto se pidieron además los testimonios de los congresistas Jorge Enrique Robledo, John Sudarsky, Carlos Alberto Baena, Luis Carlos Avellaneda, Alexánder López, Germán Navas y Simón Gaviria, para que expliquen por qué hicieron críticas al informe de conciliación. Igualmente será escuchado también la versión del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

No obstante, con esa decisión llegaron las críticas, ya que normalmente en los autos se expresa con fecha y hora el momento en que se practicarán las pruebas, lo cual no sucedió en esta ocasión.

Así, el magistrado Luis Rafael Vergara, en un salvamento de voto conocido por Colprensa, consideró que se trata de pruebas innecesarias ya que esos testimonios, así como las constancias, actas y proposiciones de todo el trámite de la reforma a la Justicia ya están en el expediente.

“Las pruebas ordenadas no buscan en concreto examinar la conducta individual de los congresistas demandaos ni establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos”, señaló Vergara. “Por ello, queda la sensación de que se trata más bien de un juicio de carácter político al Gobierno y al Congreso por la fallida reforma a la Justicia, lo que es ajeno al objetivo central del proceso de pérdida de investidura”.

La acusación de un juicio político y no jurídico por parte del magistrado también viene acompañado con un análisis sobre por qué los autos de pruebas no proceden en los procesos de pérdida de investidura, en momentos previos a dictar el respectivo fallo.

“Los autos de pruebas de oficio son ajenos a la naturaleza del proceso de pérdida de investidura, y contrario a los derechos fundamentales de los congresistas demandados porque sencillamente, en casos de duda al momento de fallar por insuficiencia probatoria de la investigación, esta se resuelve siempre a favor del procesado y no con nuevas pruebas de oficio, como extrañamente acontece”, puntualizó Vergara.

Lo cierto es que las diferencias internas dentro del Consejo de Estado se mantendrán hasta el nuevo año, ya que en 10 días empieza la vacancia judicial y esta decisión queda postergada.