Ecopetrol enfrenta cuestionamientos por orden interna de chuzadas a 70 ejecutivos

Ecopetrol está siendo sometida a una revisión interna después de que saliera a la luz un memorando en el que se ordenaba la conservación de información tanto digital como física relacionada con 70 altos cargos de la empresa. En este grupo se encuentran miembros de juntas directivas y ejecutivos de empresas filiales como Hocol y Cenit.

Esta medida se concretó a través de un contrato con la firma internacional Covington & Burling LLP, valorado en cerca de US$5 millones. El contrato contenía una adenda firmada el 26 de diciembre de 2024 por Alberto José Vergara, director de cumplimiento corporativo de Ecopetrol. Esta adenda ordenaba el inicio de un procedimiento de "retención legal", una práctica común en auditorías internas o litigios destinada a preservar pruebas electrónicas.

El memorando especificaba que ninguna información relacionada con ciertos asuntos administrativos debía ser borrada, alterada o destruida. Esto incluye correos electrónicos, actas, contratos, notas, registros financieros y archivos almacenados en dispositivos electrónicos. La directiva iba dirigida a funcionarios en puestos clave, como vicepresidentes, gerentes y el presidente ejecutivo. En particular, la lista incluía al presidente de la empresa, Ricardo Roa.

La medida de retención se implementó en un momento en que se estaban filtrando informaciones a los medios. Según las instrucciones del memorando, toda la documentación debía mantenerse en secreto y no podía ser divulgada sin la autorización explícita de la Dirección Corporativa de Cumplimiento.

Se dejó claro que la retención abarcaba tanto archivos físicos como electrónicos de los funcionarios mencionados, sin importar su rango. En la lista se encuentran nombres como Luis Alberto Zuleta (junta directiva), Rafael Guzmán (vicepresidencia ejecutiva), Nicolás Azcuénaga (nuevos negocios), Alberto Consuegra (operaciones), Alexander Cadena (presidente de Cenit) y Pilar Marulanda (recursos humanos de Cenit), entre otros. También se incluyó a Mónica de Greiff, quien recientemente renunció a su puesto como miembro de la junta.

Según fuentes citadas por Semana, su salida podría haber estado relacionada con la gestión de esta situación. Después de que se hizo público el memorando, el tema se discutió en una reunión privada en la Casa de Nariño, a la que asistieron miembros de la junta directiva y el presidente de la República. En ese encuentro, según versiones que han circulado, se habría formalizado la salida de De Greiff.