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LR domingo, 11 de mayo de 2014

La autonomía presupuestal de la Rama Judicial. La independencia frente a las otras ramas del poder público en Colombia y, como objetivo esencial, facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. 

Por eso reclama que hasta ahora lo que se ha escuchado en torno a las propuestas de los candidatos presidenciales para reformar la Administración de Justicia se limite a suprimir las funciones electorales de las altas cortes. "Que las quiten, pero ¿eso garantiza el acceso del ciudadano a la administración de justicia?, ¿eso hace que sea más pronta y eficaz?" 
Entonces habla de la necesidad de que se aborde la reforma de manera integral, estructural y de abajo hacia arriba. 

El magistrado asistió el pasado viernes a la celebración de los 117 años del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, acto al que también asistió el presidente de la Sala Laboral, de la que forma parte Miranda, el caldense Rigoberto Echeverri Bueno. En esa actividad asumieron funciones 26 nuevos conjueces que prestarán sus servicios en el máximo organismo de la justicia ordinaria en Caldas. 

El presidente de la Corte, nacido en el municipio de Ayapel (Córdoba), insiste en la necesidad de que se creen nuevas plazas jurisdiccionales para poder cumplir con el volumen de procesos que se presentan y para equilibrar la carga laboral de los jueces y el tiempo que dedican a cada uno de los casos que tienen en su conocimiento. 

Sobre las críticas de que los jueces en Colombia no cumplen con los niveles de eficiencia que tienen sus homólogos en otros países, sostiene con vehemencia que la estadística demuestra que la administración de justicia es más eficiente de lo esperado; eso sí, advierte que en cuestión de estadísticas no se puede comparar la carga laboral y el rendimiento de los jueces en nuestro sistema con la de sistemas ajenos. 

BAJO PRESUPUESTO 
Insiste en que el gran problema hoy es la falta de autonomía presupuestal que tiene la Rama, pues se debería asignar un cargo fijo del presupuesto, pero esto no sucede y eso provoca que siempre haya recortes a la propuesta inicial, afectando necesariamente el servicio. 

Explica, por ejemplo, cómo el presupuesto que se presentó para poder cumplir con el proceso de descongestión fue de 450 mil millones de pesos, pero solo se aprobaron en el Congreso, después de los recortes, 230 mil millones. Eso deja el escenario de que estos juzgados de descongestión no van a terminar su labor y solo hay recursos para que laboren hasta el próximo 31 de mayo, por lo que se necesitan partidas adicionales para poder continuar, porque de lo contrario se seguirá acumulando. 

Dice además que el sistema oral empieza a colgarse por la falta de los recursos y deben ser cuantiosos para que sea eficiente. Ya se presentan problemas, tanto que en una reunión esta semana de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, a la que asistió el ministro de Hacienda, se calculó que se requieren unos 500 mil millones de pesos adicionales para poder hacer que este funcione de manera eficiente y poner a marchar sin cortapisas el Código General del Proceso, que empieza a regir el próximo año. 

Para que obre la política de descongestión y no se vuelva un mecanismo permanente insiste en que está en manos del ministro de Hacienda evitar que esto suceda, pues se requieren recursos para que los nombrados en descongestión puedan cumplir su tarea y permitir que los jueces, a través del sistema oral, dediquen el tiempo necesario hasta evacuar el último proceso del sistema escritural. 

Eso lleva a preguntarle qué piensa de que nunca se va a lograr descongestionar la Rama Judicial en un país en el cual servidores públicos y todo tipo de personas creen que las soluciones a los problemas administrativos o de vecinos tienen que ir a la judicialización. 

"La reforma a la justicia amerita también un aspecto fundamental que es la educación. Debemos cambiar nuestra mentalidad, aquí vivimos en una cultura de pendencia". Recuerda que en el país desde hace años se vienen construyendo casas de justicia que tienen como misión fomentar la convivencia pacífica y el respeto de los ciudadanos por el derecho de los otros, como las que se inauguraron en Supía, Villamaría y Anserma el mes pasado. "Si se consigue esto, habremos logrado mucho", insiste. 

Sobre el Consejo de la Judicatura agrega que este debe mantenerse como parte de la preservación de la autonomía judicial, pero que se necesita que se mantenga una representación directa de las cortes en él, con asiento, voz y voto, para poder participar en la solución de los problemas que se tienen y que ellas conocen mejor. 

LA TUTELA 
"La tutela sin duda se metió en la cultura jurídica en nuestro país y ahí se quedó", por eso cree el presidente de la Corte Suprema de Justicia que se debe mantener como garante de los derechos fundamentales de los colombianos, pero modificarse en cuanto a su procedimiento. 

Explica que el hecho de que hoy sean tres jurisdicciones distintas conociendo sobre unos mismos hechos, por ejemplo, entraña los riesgos ya conocidos de que se puedan presentar decisiones distintas ante situaciones similares. Advierte que un buen comienzo para la reforma sería recoger en un solo estatuto todas las normas que sobre tutela se encuentran desperdigadas en diferentes normas. 

URGENCIA EN LA SALA LABORAL 
El riosuceño Rigoberto Echeverri Bueno, presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, prendió las alarmas en torno a la situación que está viviendo la dependencia a su cargo, en donde 16 mil procesos esperan para sentencia de casación y la sala tiene capacidad para evacuar mil 300 expedientes al año, a lo que se deben sumar 4 mil 500 fallos de tutela. 

En la medida en que los despachos de descongestión producen resultados, se van represando los expedientes en la Corte, en donde no se da abasto con ellos. Señala que este represamiento viene desde hace cinco años y no se ve solución a la vista, diferente al nombramiento de magistrados también de descongestión, pues es una situación que tiende a agravarse en lugar de solucionarse. 

El problema radica en que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene fundamentos jurídicos para crear salas de descongestión por lo que se debe tramitar una ley para poder lograrlo, pero el año pasado esta fue hundida en el Congreso cuando esperaba el último debate en la Cámara de Representantes. 

Ese proyecto fue presentado por el senador Juan Lozano. Ahora es el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, quien ha escuchado el clamor de los magistrados y está buscando la manera de que se pueda volver a presentar la ley, pues cuando se represa esta jurisdicción se están afectando los derechos de las personas más vulnerables, ancianos, viudas, enfermos, menores de edad. 

Por eso, la petición adicional es que se presente un mensaje de urgencia al Senado desde la Presidencia de la República para que este proyecto avance lo más pronto y no se sigan afectando los derechos de los ciudadanos, pues cada día que pasa la situación se hace más gravosa. 

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